¡Qué salvajada!

Carlos Castañosa

¿Es posible que un remedio para disminuir el déficit, aumentar el PIB y salir de la crisis, sea recortar más de mil millones de euros destinados a la ayuda social de minusválidos y dependientes? ¿No recuerda esto lo de aquellos espartanos lanzando al río Eurotas a los recién nacidos con alguna discapacidad?

Hasta hace un año era lógico pensar que Zapatero pasaría a la historia como el peor presidente de esta incipiente y defectuosa democracia española, pero Rajoy está superando todas las expectativas. Él y su lamentable equipo arruinan a un Pueblo que había depositado en ellos unas esperanzas basadas en falsas promesas electorales, cuyo incumplimiento sistemático ha desmontado la credibilidad de un Ejecutivo falaz, que desprecia al ciudadano, maltrata a los más débiles, protege al poderoso y, sobre todo, prioriza sus intereses de partido por encima de toda otra consideración, incluida la intensa actividad dialéctica para intentar eludir cualquier vinculación individual con los casos de corrupción, tan próximos como evidentes. Tanto énfasis desgasta y merma unas facultades que debieran aplicarse a trabajar en exclusiva sobre las soluciones racionales para frenar con eficiencia la rodada, cuesta abajo, hacia el inminente precipicio al que nos han abocado… por el que también ellos caerán por ineptos y mendaces.

Ni siquiera se les puede suponer una buena intención que pudiera exculparles por sus reiterados errores, sino que el sentido común y la evidencia demuestran que no son de fiar. Aparte de la desdichada gestión de recortar por donde menos se debe, destrozando la vida de quienes ninguna culpa tienen por el actual desastre económico, ellos son los primeros interesados en no aplicar las medidas racionales y justas que encarrilarían la solución al problema, porque afectaría a sus intereses personales y de partido. ¿No sería plausible el pacto de todas las formaciones institucionales, para definir y coordinar globalizadas todas las actuaciones necesarias y resolver así la crisis, aparcando eventualmente las implicaciones ideológicas? ¡Imposible! ¿Por qué? Pues sencillamente porque todas las medidas, aunque encaminadas al bien común, perjudicarían sus bolsillos y el confort de sus poltronas. ¿No sería la primera medida lógica eliminar de un plumazo todas las impresentables subvenciones a partidos y sindicatos, en lugar de torturar con el abandono económico a los más necesitados e indefensos, para satisfacer las inhumanas exigencias impuestas por una UE despótica y cruel?

El “gasto público”; ese mal endémico devenido en “despilfarro institucional”; la profusión de cargos públicos; instituciones inservibles; multitud de innecesarios asesores nombrados por razón de parentesco; una infraestructura autonómica carísima e incompatible con el “estado del bienestar”; multiplicidad de competencias que se solapan e interfieren para crear una burocracia espesa e inoperante; ayuntamientos mínimos que deben aglutinarse en mancomunidades; organismos inoperantes con el “para esto no hay dinero”, que deben desaparecer como gasto superfluo; en fin, una insoportable organización que es el origen de todas las penurias y, por lo tanto, es inaplazable su “adelgazamiento” para equipararse a las necesidades reales de la población y ajustar el número de “sueldos oficiales” al de los países normales de nuestro entorno. Estas reformas implican la actualización de nuestra Constitución, cuya nueva redacción deberá ajustar los Derechos Fundamentales a la realidad, para que no vuelva a convertirse en papel mojado.

Del mismo modo que maestros, personal sanitario y todas las víctimas de una reforma laboral fracasada, tienen que engrosar las listas del paro, tampoco habrá problema en que el 80% de los actuales cargos públicos pasen a la misma situación. Si estos de ahora no son capaces de ejecutarlo, habrá que buscar a otros… que tampoco sean los anteriores… Otros que también atajen la corrupción instituida y los abusos de poder.

La indignación sugiere otra pregunta: ¿Por qué el Fiscal General del Estado no actúa de oficio contra las entidades bancarias que han estafado – no presuntamente – con las “preferentes” y los obliga a restituir la totalidad de lo robado, en un estado de derecho, a tantas víctimas indefensas? Solo se trataría de distraer una mínima parte de los suculentos emolumentos millonarios de sus directivos…

Con la supresión de la flota masiva de coches oficiales, se habría evitado este hachazo a la incumplida “Ley de Dependencia”.

 

 

Carlos Castañosa

http://elrincondelbonzo.blogspot.com

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