Injustificables pasiones destructivas

Inexplicable obsesión por demoler el antiguo teatro “Pérez Minik”, un Bien de Interés Cultural enclavado en el Parque “Viera y Clavijo”, integrado en el que fuera Colegio de La Asunción, edificio neogótico también declarado Monumento.

La Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias la ha tomado con este patrimonio ciudadano atentando, con prepotencia y sin pudor, contra legítimos derechos de este pueblo maltratado desde otras áreas de gestión afectas a la misma lamentable Consejería.

Sorprende la reacción de la consejera y sus adláteres ante la reclamación por incumplimiento del Convenio de Cesión del Ayuntamiento capitalino (2004 y adenda de 2006), con su “huída adelante”, actitud impropia de quien debiera avergonzarse por malversar irresponsablemente un patrimonio asignado como mera cesión. Reacciona con autoritarismo, apropiándose de un bien ciudadano con decisiones drásticas sobre una demolición injustificada, contraviniendo el dictamen técnico de la Dirección General de Patrimonio de la Gerencia Municipal, único válido y formalmente confeccionado para rebatir los falaces argumentos que se plantearon desde la Consejería “multiusos” al intentar, por ejemplo, la desafectación del teatro para desprotegerlo como BIC (Bien de Interés Cultural), en una resolución tan ilegal como el propio abandono del patrimonio cedido a su responsabilidad, el destrozo intencionado del teatro para intentar aparentar un estado ficticio de ruina, o la amenaza de demolición de edificios protegidos en catálogo del registro municipal. Todo ello configura la definición de delito, tipificado como “expolio de patrimonio” en el Código Penal.

Cuyo art. 321 contempla penas de prisión de seis meses a tres años, e inhabilitación de uno a cinco años, para quienes atenten contra edificios protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental.

Art. 322, Punto 1: La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios protegidos será castigado, además, con prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses.

Punto 2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia…

Ante la perspectiva de nuestra asociación aparece un escenario espeluznante. La consejera, por su condición de parlamentaria, ¿está aforada?… Sus técnicos de despacho y funcionarios públicos, ¿serían los presuntos directamente imputados?…

No deseamos conflictos judiciales, pero desde nuestro ideario y con el ánimo conciliador de siempre, apelamos a la buena fe en favor de la rehabilitación racional y definitiva del espléndido espacio histórico y cultural (30.000 m2 en pleno centro urbano, insólito privilegio desaprovechado). Pero ante el riesgo de que nuestro espíritu de “participación ciudadana” siga siendo ley escrita en papel mojado, debemos seguir canalizando nuestro esfuerzo cívico a través del Diputado del Común para, llegado el caso, acceder a Fiscalía.

Confiamos en el éxito definitivo gracias al apoyo masivo de los medios de comunicación. Muy especialmente reconocemos y admiramos la contundencia en la gestión del Concejal de Urbanismo, D. José Ángel Martín, y de su Dirección General de Patrimonio, en defensa a ultranza de este símbolo de dignidad ciudadana y motivo de orgullo para los santacruceros.

No nos importa hacerle el trabajo al Alcalde, pero nuestra reivindicación cuenta con su imprescindible firmeza para: 1º.- Resolver el Convenio por flagrante incumplimiento. 2º.- Recabar la indemnización por los daños y perjuicios inferidos a nuestro patrimonio. Y 3º.- Con ese dinero, rehabilitar el espacio urbano para rescatar el esplendor que merecemos sus gobernados.

Ana Mendoza

Presidenta de la Asociación “Por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo”

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