Miembros elegidos por el Parlamento y el Gobierno integrarán este organismo que hará de mediador en los conflictos y tendrá autoridad para imponer las sanciones pertinentes.

Un anteproyecto de Ley propone la creación de esta entidad que se erige sobre los principios de “la organización profesionalizada, la independencia y la neutralidad en su funcionamiento” y tiene como objetivo "velar por el respeto y el cumplimiento de los valores y principios constitucionales y legales que rigen la actividad de la industria audiovisual". Estas funciones implican, principalmente, mediar en los conflictos del sector, realizar inspecciones e imponer sanciones, garantizar el servicio público de la programación emitida o realizar informes previos sobre licencias de radio y TDT. Los miembros del Consejo Canario del Sector Audiovisual (CCSA) serán siete personas relevantes del sector audiovisual y de la cultura, elegidos por el Parlamento y por el Gobierno de Canarias.