¿Mentiroso o ignorante?
“Las aguas entre Canarias y Marruecos tienen dos tipos de consideración: desde la costa hasta 12 millas son las jurisdiccionale s y a partir de ahí hasta las 200 millas son las territoriales, que en el caso de Canarias por la cercanía de Marruecos acaban en la mediana imaginaria que estará por las 60 millas o así. En estas solo tiene competencia España y, por tanto, quien diga lo contrario, se opone al derecho internacional público” (José Manuel Soria, ministro de industria del gobierno de España).

La Parte IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay de 1982) está dedicada a la definición y regulación de los espacios marítimos y aéreos en los llamados Estados archipelágicos (en alusión a la zona marítima denominada pelágica, una de las tres denominadas zonas litoral, pelágica y abisal) (Art. 46 al 54). A tal efecto se entiende por Estado Archipelágico "al constituido totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas" (Art. 46, a). Y por archipiélago "un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal" (Art. 46, b).

En justicia la Tercera Conferencia (que desembocó en el Convenio de 1982) rechazó la aspiración de los Estados mixtos (como es el caso de España) de dar a los archipiélagos dependientes de Estados el mismo trato que a los Estados archipelágicos, para evitar esquilmar aún más a las colonias, como es el caso de Canarias, por lo que España está intentando recurrir al método que mejor conoce, la picaresca, para seguir esquilmando a nuestro pueblo, ahora no mediante la venta de esclavos en los mercados internacionales ni el tributo de sangre, sino mediante los recursos naturales que la Convención sobre el derecho del mar trata de proteger.

España está gobernada por grupos e individuos que no respetan los derechos humanos, convierten el derecho en una farsa, o mejor en un sainete y sustituyen las normas éticas de la convivencia social por un comportamiento propio de bandidos, no de personas civilizadas y mucho menos de estadistas. Sus gobernantes incumplen las leyes y convenios internacionales y desafían, en vez de acatar, las decisiones de los organismos internacionales que están encargados de velar por el mantenimiento del orden y la paz mundial, dando lugar a un auténtico estado forajido, en definición del filósofo John Rawls.

Canarias aún no es un Estado Archipelágico, por lo que la legislación internacional reconoce 12 millas de aguas jurisdiccionale s alrededor de cada isla, espacio que administra la potencia de ocupación colonial, España, en consecuencia las aguas fuera de esas 12 millas son zona económica exclusiva de Marruecos o internacionales , hasta que Canarias no sea un Estado Archipelágico. En ese momento la jurisdicción será de Canarias, acorde con el ordenamiento jurídico internacional.