¿Cómo desmontamos la carpa?

No podemos decir todos los días que no nos gusta el sistema sin decir cuál es el que nos gustaría tener. O dicho de otra manera cuando se inicie el proceso de cambio hemos de tener la seguridad de hacia donde vamos a parar.

Ahora que llegan victoriosas las huestes financieras del casi holocausto europeo y alborozadas señalan que finalmente han vencido a los “tedescos” porque serán los bancos los que se tendrán que endeudar vía préstamos y los costes financieros de los mismos no irán al déficit del Estado y tampoco la deuda soberana tendrá que mancillarse por el rescate financiero, tendremos que pensar que si los  bancos con el dinero que recibirán van a estructurarse debidamente o una vez estructurados van a continuar comprando deuda soberana, porque en este caso da igual qué dirección traiga la manguera financiera directa o indirectamente siempre más tarde o más temprano va a ser el déficit quien lo sufra.

No podemos estar todas las semanas con la manguera de la deuda. De una vez por todas hay que mentalizarse que el déficit es el objetivo prioritario. A fecha de hoy el déficit del año extrapolando los datos hasta hoy conocidos llegaría al 10% del PIB en lugar de 5,3% prometido por el Registrador de la propiedad.

Se oye también la palabra “Reconversión” del modelo autonómico y municipal, responsables del 65% del gasto público, auspiciada por un grupo de personas preocupadas por la deriva actual, porque ésta es inviable, ya que solo el gasto de levantar el cierre, los gastos fijos superan los presupuestos de las Administraciones Públicas y lógicamente no podemos estar todas las semanas con las subastas de deuda. Y menos reestructurar bancos para que nos compren la deuda, ¿Por qué si es así cuando va a fluir el crédito?

Escuchamos continuamente que es necesario reducir gastos, autonomías, subvenciones a partidos y sindicatos, pero lo que vemos no marcha por el buen camino. Las Cortes han aprobado una reducción de las subvenciones de los partidos políticos del 20% pero autorizando a los bancos a no condonarles las deudas mayores de 100.000 euros ¿y las menores? Ya sabemos que una deuda de 800.000 euros son diez deudas condonables de 80.000 euros, o ¿es que no ha ocurrido continuamente con los contratos del Estado en el caso de los contratos menores?

Entonces ¿con éste ramillete de políticos que centro de flores se puede hacer? Prácticamente casi ninguno. Pero dado que somos los que les pagamos estamos obligados a exponer nuestras ideas, aun teniendo la certeza de que por ahora, a ellos, no les gustarán. Lo que no hemos leído ni oído es ¿qué sistema es el que se quiere? No podemos decir todos los días que no nos gusta el sistema sin decir cuál es el que nos gustaría tener. O dicho de otra manera cuando se inicie el proceso de cambio hemos de tener la seguridad de hacia donde vamos a parar. Existen varios factores que son fijos: debe ser más económico, más transparente y fundamentalmente vertebrado en la idea capital del  respeto a la Justicia.

Más económico

Hay que respetar el déficit del 3% máximo. Como no podemos alcanzarlo de un día para otro, es necesario tener un plan, y realizarlo sin demora y teniendo en  cuenta que la reducción en personal incrementará el desempleo, pero será el punto de partida para tener una  Administración Pública más eficiente.

Los puntos principales se centran:

– En todas las  Administraciones Públicas despido de todos los empleados públicos que no hayan ingresado por oposición. Contratados laborales y asesores no son necesarios en ninguna administración pública. El mejor asesor en materia tributaria ha de ser el Director General de Tributos, y en materia presupuestaria el de Presupuestos etc.

– Ajuste, conforme se vayan jubilando, del número de funcionarios, para que en total entre todas las Administraciones lleguen al millón de funcionarios.

Privatización de la mayoría de empresas públicas de todas las administraciones.

Supresión de las subvenciones a partidos, sindicatos y asociaciones de empresarios que deberían financiarse exclusivamente con cargo a sus cuotas.

– El Convenio navarro y el Cupo vasco deben ser suprimidos para mantener la igualdad entre todos los españoles, integrando sus haciendas dentro del régimen general.

– Ayudas en educación ajustadas a los principios de mérito y capacidad. Ninguna beca si no se obtiene una media de notable en las asignaturas del curso becado. Supresión de organismos duplicados en las CC.AA con los de la Administración general del estado (Defensores de lo imposible, Tribunales de Cuentas, Consejerías que quieren simular a la del Estado, Policías autonómicas, etc…) Traspaso a al Estado de las competencias de Educación, Justicia e Interior.

Cierre inmediato de todas las oficinas de las CC.AA en el exterior al no tener competencia alguna en el exterior, asumiendo sus competencias las Oficinas Económicas y Comerciales de las embajadas de España en el exterior. Supresión de los parlamentos regionales de las CC.AA. para que solamente puedan legislar las Cortes. Las CC.AA solo podrán gestionar los recursos que el Estado le transfiera.

– Supresión del Senado.

– Concesión de Ayudas a quien realmente lo necesite.

– Supresión de subvenciones a Fundaciones Públicas, ONG`s, Consorcios.

– Reducción del número de políticos nacionales, autonómicos y locales (su número es cercano a los 450.000).

– Supresión de los cargos políticos y sindicales en las entidades financieras públicas.

Más transparente

Los estados financieros de todos los entes públicos así como las Auditorias que se pagan a las entidades del sector público, deben ser publicadas en Internet. Sean del poder que sean. No podemos consentir que el ahora Consejo del Poder Judicial se niegue a mostrar sus cuentas a no ser que lo pida el Congreso. El dinero público no lo financian ellos si no los ciudadanos y es a quien hay que rendirle cuentas.

El control financiero de todas las Administraciones Públicas (General, de las CC.AA, Diputaciones y Cabildos, y Municipios) así como del poder legislativo y judicial debe ser responsabilidad única de la Intervención General del Estado.

Las leyes Electorales deben ser cambiadas para acercarlas a los ciudadanos y alejarlas del partidismo. Los políticos deben responder ante los electores no ante sus partidos.

Educación basada en los principios de mérito y capacidad.

El idioma del Estado en todas sus Administraciones debe ser el español, lengua más hablada por número de países en el mundo. No podemos seguir viendo en los Boletines Oficiales del Estado “Ley de medidas de la Comunitat Valenciana “, ya está bien de tanta burla.

Educación integral en español, sin que esto sea obstáculo para seguir desarrollando las lenguas autóctonas, como por ejemplo hace Francia, donde solo existe una lengua vehicular pero todo el mundo puede gozar del resto de las lenguas.

Mercado único sin trabas de las administraciones autonómicas.

Sistema de retribuciones lineal y por categorías en todas las Administraciones. Los máximos representantes de los poderes Ejecutivo (Presidente del Gobierno), Judicial, (Presidente del Tribunal Supremo) y Legislativo (Presidente de Las Cortes) deben tener idénticas remuneraciones y en consecuencia el resto de funcionarios de los distintos poderes en disminución así como los Presidentes de CC.AA que deben figurar retributivamente con un salario fundamentalmente inferior. No puede Magistrado alguno ganar más que el presidente del Gobierno.

Vertebrado en el respeto a la Justicia

La Justicia debe ser independiente. Ningún político puede imponer los nombramientos de los Jueces y Magistrados. Pero no confundir la independencia de la función con el acatamiento a todas las leyes financieras por lo que sus retribuciones deben además de estar incluidas en los Presupuestos Generales, seguir las normas de funcionamiento establecidas en los mismos para todos los funcionarios públicos sobre control financiero, justificación de los créditos disponibles y modificaciones presupuestarias.

Modificación del Tribunal Constitucional y su integración en una Sala de Garantías Constitucionales como una Sala más del Tribunal Supremo.

Las sentencias de los tribunales de obligado cumplimiento también para los políticos. El Fiscal General del Estado debe querellarse de oficio contra los políticos que no apliquen las sentencias de los Tribunales. Tantos años esperando la democracia para tener dirigentes autonómicos que desafían las sentencias del Tribunal Supremo sin que el Fiscal General las procese de oficio, (al menos entre sesión y sesión de cine) y no puedan presentarse más a las elecciones.

Las recomendaciones del FMI y otros organismos internacionales sobre el retraso en la edad de jubilación, el aumento de los años para el cálculo de la pensión, la retirada de la deducción por adquisición de vivienda, la reducción en las retribuciones de los empleados públicos, la reforma de la Administración local, la congelación de las pensiones y un plan de privatizaciones, ya no son medidas suficientes para reducir drásticamente el déficit.

El desmontaje de la carpa es complejo. No se puede hacer de golpe. Hay que realizarlo con arreglo a un plan.

Éste es el mio.

José Manuel Adán Carmona

Economista e Inspector de Finanzas del Estado

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