Hartazgo por tener que soportar tanta impertinencia

Representación de la justicia

Representación de la justicia

¡Ya está bien!… La reiterada molestia e incomodidad por tanto despropósito dicho o hecho, pueden degenerar hacia consideraciones delictivas

Tales como injurias y calumnias propagadas impunemente en foros locales e internacionales, contra el honor del estado español y la dignidad de sus ciudadanos.

Asistimos de cotidiano, con náusea contenida, a soflamas y declaraciones independentistas, amplia y exhaustivamente difundidas por todos los medios de comunicación, con el argumento reivindicativo del agravio e insulto contra las instituciones de un estado de derecho; cuyos legítimos poderes, incluido el judicial, están siendo vilipendiados por quienes flagrantemente vulneran las leyes, desacatan sentencias y promueven la apología masiva del delito, con movilizaciones de riesgo para vidas humanas por incitar subrepticiamente a la violencia.

El discurso de los infractores, basado en el mezquino concepto de una democracia de pacotilla, tergiversada a medida de sus turbios intereses, en un intento de justificar supuestos derechos, (no de un pueblo, sino de un fragmento de facción amotinada) es la expresión del fundamentalismo xenófobo, irracional, virulento y radical, que no tiene cabida en la filosofía etimológica de la Democracia con mayúscula. Aquella que significa sin paliativos  “gobierno del pueblo”… De todo el pueblo. No de un grupo faccioso cuyos intereses y ambiciones se configuran en formato de pandilla callejera.

Quizá debiera respetar las emociones y sentimientos de quienes, tal vez con buena fe y debidamente adoctrinados desde la cuna, se creen distintos y superiores al resto. Pero no estoy en disposición de poner la otra mejilla a los que, desde su condición de prófugo de la justicia o encarcelados por presuntos delitos varios, agreden mi dignidad de ciudadano y de español con un calumnioso intento de ultraje internacional para tratar de justificar su propia felonía.

El exceso de visceralidad de casquería barata, exenta de principios morales, de sentido común y uso de razón, provoca que se autodefinan sin eufemismos.

El artículo 20 de nuestra Constitución, la de todos los españoles, reconoce y protege derechos fundamentales relativos a la libertad de expresión en su más amplio espectro. Ajustado y en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU 1947). En el mismo contexto se define que dichas  libertades tienen el límite en los derechos reconocidos en el mismo Título: en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección personal.

En román paladino: “Mis derechos alcanzan hasta donde comienzan los de otro”. (O tus derechos terminan cuando empiezan los míos).

Me consta que la lógica ciudadana de a pie, no tiene demasiada correlación con  decisiones judiciales ni con la redacción de algunos autos que sorprenden nuestra buena fe.

Creo que aquí estamos ante un caso grave de injurias y calumnias ejercidas por una facción subversiva contra un estado legítimo, democrático, reconocido y consolidado. Sorprende la impunidad en la que se desarrolla la difusión globalizada y consentida de mensajes ofensivos, tanto en medios nacionales como extranjeros, ante la pasividad de los poderes legales y legítimos que deberían defender y proteger este derecho de respeto al pueblo; según reza nuestra Carta Magna. Me siento incómodo e indefenso por tanto consentimiento y pasividad ante esta manifiesta trama conspiratoria.

Hace unos años acudí de oyente, como gesto de apoyo al denunciado, a un juicio por injurias y calumnias contra un presentador de TV porque en un programa había llamado “troncocol” a determinado edil municipal. El denunciante alegó que había dañado su imagen y que su familia había quedado muy afectada. El denunciado, sin poder explicar el significado del supuesto insulto, puesto que no existe en ningún diccionario, explicó que no se refería a la persona, sino a su deplorable gestión política y que le pareció un término abstracto pero adecuado. El periodista fue condenado a pagar una indemnización de 4000 € por atentado contra el honor. El político tuvo que dejar su cargo, no por la sentencia, sino por lo mal que lo estaba haciendo todo… Pero encontró el subsiguiente echadero en un consejo de administración de empresa pública.

La Justicia nos desconcierta a veces. Unas por exceso y otras por defecto.

 

 

Carlos Castañosa

elrincondelbonzo.blogspot.com

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