Greenpeace pide la anulación de la Ley de Costas

La organización denuncia que el nuevo texto del Ministerio conducirá a la desprotección y privatización del litoral, a un aumento del gasto y a la disminución de la seguridad jurídica.

Greenpeace ha presentado hoy un pliego de observaciones al anteproyecto de Ley de Protección y Usos Sostenible del Litoral en la Dirección General de Costas. La organización ecologista considera que los cambios que pretende introducir el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente modifican y debilitan los tres pilares básicos de la protección del litoral: el dominio público, las servidumbres para proteger ese dominio que se recortan y reducen a 20 metros, y el plazo de las concesiones de ocupación privada en terreno público, que se extiende a 75 años.

Greenpeace rechaza el anteproyecto de Ley ya que, entre otros puntos:

  • Permite la privatización de zonas inundables por temporales si no se han inundado por lo menos en cinco ocasiones en los últimos diez años desde que se practicó el deslinde. Sin embargo el Real Decreto de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación, establece que “las zonas con alta probabilidad de inundación son aquellas que se anegan una vez cada diez años”.
  • En el texto de la nueva Ley no existe ni una sola mención al control de los efectos del cambio climático en la costa, ignorando la alta vulnerabilidad de la costa española a la subida del nivel del mar y los acuerdos ratificados por el Estado.
  • También desprotege los cordones de dunas que no estén en continuo movimiento por efecto del viento, quedando desprotegidos, por ejemplo, amplios tramos de arenales en el Golfo de Cádiz o del Cabo de Cope (Murcia) donde se proyecta el mayor resort turístico de Europa.
  • Se excluyen de protección las zonas costeras que hayan sido inundadas (o vayan a serlo) de forma artificial como las salinas, los esteros o los arrozales. Al desaparecer el dominio público en estas zonas, también desaparecen los 100 metros de franja de servidumbre de protección.
  • Se excluyen del dominio público núcleos costeros elegidos aleatoriamente.
  • Se reducen las servidumbres de protección de 100 a 20 metros para los municipios que, durante los dos años siguientes a la aprobación de nueva Ley, puedan demostrar que eran urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Además, también se reducen las servidumbres a 20 metros en todas las rías del norte de la península.
  • Se pospone el problema de la ocupación privada de la costa hasta 75 años vista. La privatización de la costa supone además el aumento exponencial del gasto de dinero público para el mantenimiento de la misma.
  • La memoria económica que se presenta junto al anteproyecto de Ley está incompleta, ya que no cuantifica el coste de la planteada revisión del deslinde. Tampoco se evalúa el impacto económico por indemnización o por la extensión de las concesiones y el consiguiente aumento del presupuesto por control de la erosión costera.

Asimismo, la organización ecologista desaprueba el trámite de información seguido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que todavía no ha explicado por qué este proceso de participación y alegaciones públicas se ha abierto solo a los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente y no a toda la sociedad. La organización ecologista denuncia “el oscurantismo con el que se ha tramitado la nueva ley”, que fue presentada ya como anteproyecto de Ley, y que cuenta con el beneplácito interesado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Mesa del Turismo o el sector acuícola.

 

 

 

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