Escraches

El neologismo se ha colado con cierta urgencia en “nuestro vocabulario”. El Diccionario RAE recoge solo el verbo “escrachar”, término coloquial originario de Argentina y Uruguay que significa: romper, destruir, aplastar (o en otra acepción, fotografiar a alguien). Sin embargo, el significado en origen se remite a los grupos de activistas en defensa de los Derechos Humanos que en la posdictadura argentina se concentraban pacíficamente a las puertas de los domicilios de los genocidas de la dictadura militar para denunciarlos públicamente.

Recientemente el término “escraches” ha saltado a la palestra a través de la prensa, a raíz de que las plataformas de ciudadanos afectados por las hipotecas han comenzado a concentrarse a las puertas de los domicilios de  políticos y miembros del gobierno para llamar la atención y protestar por una situación que consideran injusta (ser despojados de sus casas por los bancos), y reprochar lo que entienden como una dejación por parte del gobierno para dar solución a sus problemas.  Así los escraches están ganando fama como una forma de sacar los colores a los representantes políticos que han defraudado a una parte de su electorado y que no han resuelto uno de los problemas más sangrantes que padece, hoy, la sociedad civil. A mi modo de ver, los escraches son comparables a la actividad del famoso “cobrador del frac” que con santa paciencia sigue como una sombra a todas partes al moroso redomado hasta que éste, por hastío o vergüenza, termina saldando la cuenta. En este caso, los afectados por las hipotecas de sus casas (que muchos de ellos han perdido o están a punto de perder) se manifiestan pacíficamente delante de las casas de los políticos (que no las han perdido). Lo que resulta bastante embarazoso. Ello ha desatado la indignación –cuando no la histeria– de algunos representantes políticos que  han exigido que se ponga veto a este tipo de concentraciones. Desde el Ministerio del Interior se han dado órdenes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que limiten el perímetro de estas concentraciones a una distancia mínima de los domicilios de los cargos públicos “acosados”. Incluso, el mismo Ministro del Interior ha ido más lejos y habla de facultar a los propios mandos de la Policía para interpretar qué distancia y límites se consideran prudenciales. Todo ello –dicho sea de paso– sin el amparo de una Ley  orgánica que le faculte a establecer tal limitación al ejercicio de un derecho fundamental reconocido en la Constitución.

Ciertamente, quien se dedica al ejercicio de la política en una democracia debe ser considerado un “servidor público”, y como tal se le presume un mínimo de vocación, entereza y espíritu de sacrificio. No solo se trata de recibir baños de multitudes, aclamaciones y elogios. El servidor público debe estar igualmente para “las duras y para maduras”. Como mismo a un torero una tarde lo sacan a hombros por la puerta grande, y otra, “el respetable” le propina una solemne bronca; y no le queda más remedio que aguantarse.  Así como al político le agrada recibir vítores en momentos de euforia y halagos en épocas de bonanza, también deberá estar dispuesto a soportar las críticas y el descontento popular, cuando no el cabreo de los ciudadanos que “montan el pollo” porque consideran que no se hacen bien las cosas. En suma, un político tiene que estar dispuesto a “comerse el marrón” cuando haga falta. Esto es la esencia de la democracia.

Bien es cierto que parece del todo lógico que la Ley limite el derecho de manifestación en algunos supuestos, tales como las concentraciones a las mismas puertas de los tribunales de justicia o del Congreso. Ello tiene como fundamento impedir que jueces o parlamentarios puedan verse “presionados” de algún modo en sus decisiones, ante una masa de fervientes defensores o detractores de cualquier asunto sometido a resolución o debate. Ahora bien, que se intente limitar el derecho de manifestación pacífica porque a un servidor público no le guste que le saquen los colores delante de sus vecinos, podría convertirse en un peligroso precedente que pueda llevar a alguien a  caer en la tentación de querer convertir el Estado democrático de Derecho en una “democracia vigilada”.

 

 

 

Luis Rivero Afonso

www.luisrivero.es

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.