El TSJC y la Biblioteca de Alejandría

Luis Rivero

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ordenado al Ayuntamiento de Las Palmas de GC la ejecución de una sentencia del año 2002 que lo condenaba a demoler la Biblioteca Pública del Estado.

Difícilmente encontraremos antecedes históricos similares sobre la demolición de una biblioteca. Al menos yo no los conozco. Cuando leí la noticia, lo primero que evocó en mi mente fue un acontecimiento histórico singular: el saqueo, incendio y destrucción de la Biblioteca de Alejandría allá en el lejano Egipto postoloméico.  En aquella ocasión, el odio ciego de una panda de fanáticos se cebó contra el templo del saber, no sin la complicidad de las autoridades que gobernaban por entonces en Egipto. La Biblioteca de Alejandría, una de las más grandes del Mundo Antiguo, atesoraba miles de copias y originales manuscritos de pergaminos y legajos que contenían los secretos y la historia del mundo desde épocas antediluvianas. Con su destrucción desapareció un patrimonio bibliográfico de incalculable valor y  se privó a las futuras generaciones del acceso a aquellos conocimientos.

El derribo de la Biblioteca Pública de la capital gran canaria tiene sus matices, pero en definitiva resulta inevitable establecer un parangón con aquel lamentable acontecimiento histórico.

Aquí se trata –desde mi punto de vista– de una rígida interpretación que se aleja simplemente del más elemental sentido común. El argumento del TSJC  viene a decir, sustancialmente, que la modificación de la figura de planeamiento urbanístico aprobada por el Ayuntamiento capitalino para “legalizar” la situación de hecho creada no obsta para observar el cumplimiento estricto de la sentencia, pues se trataría con ello de eludirlo.

Bien, a bote pronto, discrepo sobre esta interpretación. Primero porque tengo mis dudas de si el respetable razonamiento  jurídico de la Sala de lo Contencioso-Administrativo pudiera o no estar invadiendo competencias locales, y con ello, rayando la vulneración del principio constitucional de “autonomía municipal”.

Las leyes (lo digo con un mínimo de conocimiento de causa, ya que ejercí como abogado durante 20 años y dediqué buena parte de ellos al Derecho Administrativo, Local y Urbanístico) son en su mayor parte de sentido común, también su interpretación debe serlo. Ocurre que los juristas, a veces con exceso celo, nos perdemos entre las ramas de los arboles que nos impiden ver  el bosque en toda su dimensión. O lo que es lo mismo, ver las cosas con sentido común.

Si una actuación urbanística fue  contraria al planeamiento en vigor en el momento de su ejecución, nada obsta para que en el futuro  pueda ser conforme a Derecho mediante la modificación o aprobación de las normas que acomoden la situación de hecho al Derecho.
Este es mi punto de vista; por lo demás, de sentido común. Lo contrario sería lo mismo que afirmar que frente a una infracción urbanística no podría modificarse el Plan de Ordenación Urbana en el aspecto particular que afecta a la situación carente de amparo en la normativa vigente en el momento de la infracción. Reduciendo al absurdo este razonamiento, sería lo mismo –para que lo entienda todo el mundo– que si un ciudadano construyese una vivienda sin la preceptiva licencia de obras, y tras el correspondiente expediente de infracción el asunto acabase ante los tribunales, éstos decretan la demolición de la vivienda “ilegal” por carecer de licencia.  Pues bien, nada impide al “infractor”, en el ínterin del procedimiento judicial e incluso posteriormente, legalizar la situación de hecho mediante la solicitud y obtención de la licencia de construcción que ampare la edificación ya ejecutada. Con lo cual, lo que resultaba contrario a Derecho ahora está dentro de la Ley. Y esto parece razonable y de sentido común.

Si se produjera la lamentable demolición de la Biblioteca Pública del Estado en cumplimiento de la referida sentencia del año 2002 por resultar contrario al planeamiento anterior, sería lo mismo que decir que resultaría imposible reconstruir de nuevo la Biblioteca en el mismo lugar de emplazamiento, e incluso un cambio de ordenación en este particular, in saecula saeculorum. Esto sí que es rizar el rizo. Pues, básicamente y reduciendo al absurdo los fundamentos de la resolución judicial, serían esas las consecuencias.

Como en la historia de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, existen también aquí unos “instigadores”: un grupo de propietarios que legítimamente defendieron en su momento sus derechos. Pero en la vida, como en el Derecho, las cosas cambian. Y cuando cambia la situación donde acontecen, cambian también los hechos. Una cuestión es oponerse a un proyecto antes de su ejecución.  Me parece totalmente legítimo. Pero otra muy distinta es pretender “lo imposible” cuando ya existe una inversión pública multimillonaria, un servicio público del que tampoco se puede prescindir, y sobre todo, una más que razonable duda de que la Biblioteca del Estado se pueda demoler y volver a reconstruir con cargo a los presupuestos del Ministerio de Cultura. Yo al menos tengo serias dudas.

Y así las cosas, la situación cambia, ¡y de qué modo!

Nadie puede permanecer de brazos cruzados ante el riesgo de destrucción de un edificio ya emblemático para la ciudad de Las Palmas de GC, como tampoco podemos doblegarnos al rigorismo de la aplicación de las leyes. (Y a propósito de “rigorismo”, habría que plantearse aquí cuántas sentencias en el orden contencioso-administrativo y ordenes de demolición han quedado inejecutadas…
Yo –por obvias razones profesionales– conozco algunas. Y aquí no ha pasado nada).

El  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deberá no escatimar esfuerzos, descargando toda la batería legal y jurídica en orden a salvar nuestra Biblioteca Pública, lo mismo que la Abogacía del Estado, y hasta el mismísimo Gobierno de Canarias deberá implicarse si fuere necesario.

Cuando las leyes no satisfacen los intereses ciudadanos, se cambian. Y punto. Al menos que no exista interés por los gobernantes de cambiar las cosas.

Estoy convencido de que todos: “el sentido común”,  la movilización de la ciudadanía y la opinión pública pueden detener lo que sería un lamentable atentado a la cultura que pasaría a las anales de la historia como sucedió en el pasado con  la malograda Biblioteca de Alejandría.

 

 

Luis Rivero

www.luisrivero.es

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