El TS inhabilita ocho años a Miguel Zerolo por prevaricación

También condenan a Guillermo Núñez Pérez y absuelven a Joaquín Castro Brunetto, en el caso García Cabrera.

El Tribunal Supremo -TS- ha condenado al senador de Coalición Canaria y ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo Aguilar, a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa, en concepto de autor -el fiscal pedía nueve años-. Además, el ex teniente de alcalde y ex concejal, Guillermo Núñez Pérez, también ha sido condenado a ocho años de inhabilitación especial por el mismo delito. El tercer acusado, el funcionario Joaquín Castro Brunetto, ha sido absuelto.

La sentencia declara probado que los condenados adjudicaron las obras de remodelación de una sede municipal a la empresa IMES S.A. con un encargo directo sin tramitar expediente de contratación. Dicha empresa se encargaba del mantenimiento de los colegios y edificios municipales y por su objeto no podía amparar las obras a realizar en el citado inmueble.

Miguel Zerolo conocía que las obras realizadas en el edificio del antiguo Instituto García Cabrera no estaban comprendidas en el objeto del contrato que unía a la empresa IMES S.A. con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que, en consecuencia, su realización hubiera exigido la tramitación del correspondiente expediente de contratación.

Sin embargo adopta una resolución administrativa arbitraria para levantar el reparo formulado por la Intervención de Fondo, aprueba el correspondiente documento contable y permite el pago al que la Intervención se opone con razón, «con ello, sin duda, tratándose de dinero público, se afecta a los derechos de los administradores y de la colectividad en general», explica la sentencia.

En el caso de Guillermo Núñez Pérez, la Sala entiende que fue un cooperador necesario para la comisión del delito de prevaricación. Como teniente de alcalde y concejal de Santa Cruz de Tenerife, fue quien encargó directamente a la empresa IMES S.A. la realización de las controvertidas obras, «conociendo que dicho encargo no estaba amparado por el contrato que unía a esta entidad con el ayuntamiento».

Finalmente, el tribunal estima que Joaquín Castro debe ser absuelto al considerar que de la prueba practicada no se puede concluir que actuara en connivencia con el fin delictivo de las dos primeras autoridades municipales.

 

 

El Ilustrador

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