El trampantojo de la corrupción: la ley de transparencia

José Manuel Adán

Una de las mujeres más hermosas que he visto ha sido la anterior esposa de Carlos Menen, ex presidente de Argentina, la chilena Cecilia Bolocco que fue miss Universo y en un certamen de la canción en Viña del Mar se presentó ataviada con un vestido tan transparente que no dejó nada para la imaginación, dejando a los espectadores casi sin habla.

A partir de ese momento sus apariciones se distinguen por las maravillosas transparencias que permiten ver su cuerpo. El gobierno de España, dada la corrupción reinante, sin llegar ni mucho menos al espectáculo de ver a la señora Bolocco, ha pensado que elaborando una ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que la corrupción, como por arte de magia desaparecerá. En un país en el que el Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución Española, no funciona; donde las peticiones de los Jueces a la Administración se dilata en el tiempo, cuando no se incumple, a pesar de que los Jueces tienen competencias punitivas en caso de desobediencia de índole indemnizatorio y penal; donde los órganos de control interno no pueden desarrollarse en todo su ámbito y los resultados de auditorías y controles públicos son meros ejercicios en la superficie de la verdadera tramoya subterránea del poder, el pensar que con un trampantojo como la próxima Ley de Transparencia se acabará la corrupción, es verdaderamente seguir considerando a los ciudadanos, súbditos una vez más.

No obstante bienvenida sea la próxima Ley. Ya nos han inundado mediante mapas verdes en que países existe una ley similar y la desgracia de los que no la tienen, ya que en ellos, según la propaganda oficial, la corrupción será permanente. Por lo tanto gracias a nuestros gobernantes, bienvenida sea. Entre los 90 países que tienen en vigor dicha ley se encuentran países como Suecia (cuya ley data de 1766 siendo su ley la más antigua protegiendo al funcionario que suministra información a un periodista), hasta China, donde prácticamente no existe protección legal para los solicitantes de información pública.

Si ahora pasamos a examinar de una manera algo más profunda el proyecto de Ley, hemos de señalar que no  dice en que consiste la transparencia “La presente ley incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública que se articula  a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones…”, por lo que hay que entender que transparencia significa obligación de hacer público algo, pero ya existe en nuestro país la publicidad para por ejemplo conocer los presupuestos, las subvenciones, los contratos, y estamos inundados de corrupción.

El texto  aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de Julio  de 2012  tiene dos partes diferentes: la transparencia de la actividad pública y el buen gobierno. Si nos centramos en lo concerniente a la transparencia, el ámbito de aplicación aun siendo amplio no incluye ni a la Casa del Rey (el Rey, de acuerdo con el artículo 65 de la CE distribuye libremente la cantidad que recibe de los presupuestos, por lo que tendría que ser un acto volitivo por su parte),  partidos políticos, sindicatos de trabajadores ni de empresarios, y  en la fase actual de discusión en las Cortes Generales deberían ser incluidos.

En mi opinión, todo montante público debe estar sujeto al escrutinio de los ciudadanos. En general para facilitar el acceso a toda la información divulgada por el sector público  se dispondrá de un Portal de Transparencia. Sin embargo los sujetos enumerados en el ámbito de aplicación  solamente “publicaran de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento resulte relevante para garantizar la transparencia”. Pero ¿quién determina lo que es o no relevante? La información que han de suministrar se refiere a información organizativa (organigramas), de relevancia jurídica (directrices, instrucciones, proyectos de ley, circulares, etc.), económica  y presupuestaria entre la que se encuentra la ya conocida de presupuestos, cuentas anuales, y como novedad  los contratos formalizados añadiendo el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, siendo muy necesaria en mi opinión la inclusión de la identidad de todos los licitadores no solamente del número de ellos.

En cuanto a las personas que tienen derecho de acceso a la información pública, el texto  remite al artículo 105b) de la Constitución que permite el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos con lo que parece cercenar el acceso al resto de información estando en contradicción con el objeto de la futura Ley. Por otra parte  limita el acceso a la información excesivamente, ya que a las lógicas de la seguridad nacional , la defensa, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, añade la de la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales, que van a invalidar los buenos propósitos iniciales. Las reclamaciones que se puedan realizar en defensa de los derechos expuestos en la ley se deja en manos de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios, antes encuadrada administrativamente en el antiguo ministerio de Administraciones Públicas, hoy en el de Hacienda y es una de las Agencias que no sirven absolutamente para nada, al no poder cumplir hasta ahora, ninguna de sus funciones.

La otra parte de la futura ley está dedicada al buen gobierno y en ella se expone una serie de principios destinados a ser leídos por la mañana antes de entrar a trabajar o escritos  en las paredes de los edificios públicos como sucede por ejemplo en  Cuba. Según estos, las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley: mantendrán una conducta digna, ejercerán sus funciones de buena fe, actuaran con la diligencia debida, respetaran el principio de imparcialidad, asumirán las responsabilidades de las decisiones de los organismos que dirigen, en fin, principios destinados a, si por ejemplo,  hay  un Jaguar en el garaje, actuar en consecuencia. Tiene más consistencia el relativo a “la observancia de lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico” y el de “ejercerán los poderes que le atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que le fueron otorgados” y “no se implicaran en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones”, como estos principios de actuación entran de lleno en lo que los  presidentes de Comunidades Autónomas que abogan por la secesión, o que incumplen la Ley de estabilidad presupuestaria,   y dado que entre las infracciones muy graves  a la ley se encuentra el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución Española” y entre las graves la del abuso de autoridad en el ejercicio del cargo y llevan consigo la destitución en los cargos públicos , a ver si el proyecto de ley se aprueba con tiempo para expulsar de la vida pública a semejantes personajes. En caso contrario la futura ley de transparencia, será un mero trampantojo, según el DRAE “ilusión, trampa con que se engaña a uno haciéndole creer lo que no es”, eso sí, sin las transparencias de la bella Cecilia Bolocco.

 

 

José Manuel Adán
Economista e Inspector de Finanzas del Estado

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