El Tasazo Judicial

Luis Alvaro Pérez Sánchez

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Artículo 24 de la Constitución Española

¿Le suena de algo? Bueno, le sonaba  ¿verdad?; supongo que lo habrá oído por primera vez en secundaria, así como que también a la Constitución es llamada nuestra “Carta Magna”, porque, atendiendo a lo que significa, está por encima de cualquier Ley, Decreto, Proyecto, Reglamento, Normativa.

Si se reformase la Constitución en aras de adaptarla a la Ley de Tasas, quedaría como sigue: “Sólo los ciudadanos que dispongan de recursos, tendrán derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, no produciendo la indefensión a quien pueda costearla”.

También dice que los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,  religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, por lo que, al no poder acceder a la justicia los menos pudientes, se discrimina a quien se ve disuadido a la hora de ejercitar sus derechos ante el Juzgado.

El sujeto pasivo de las tasas es quien promueve la potestad jurisdiccional, de modo que, si quiere acudir a los juzgados, habrá de pagar un módico precio adaptado al tipo de procedimiento que quiera iniciar; y digo tan módico, que cuando haya pagado al abogado, al procurador, informarse de las costas que puede causarle el hecho de que pierda el pleito y le vengan, encima, con que tiene que pagarle a la Administración de Justicia unas tasas, lo más probable amigo o amiga, es que decida solucionarlo por su cuenta y hasta se planteara hacer uso de la Ley del Talión, que sigue vigente todavía.

El ministro de Justicia trata de descongestionar a los juzgados, cuya masificación lo ha sido por la falta de medios que se reclaman desde hace años y no por el abandono de su personal. Un cese en el número de asuntos que van a repartirse en los decanatos de todos los Juzgados de España, supone un perjuicio del justiciable que no puede costeárselo, limitándole el acceso a este servicio al darle realidad al concepto de “justicia para ricos”.

Dígale a una comunidad de propietarios que tiene que pagar tasas por culpa de un “moroso profesional” que no paga desde que entró a vivir en su piso, que tenga que pagar ochocientos euros porque quiere recurrir ante la Audiencia Provincial para revisar una sentencia con la que no estás conforme. Esto es lo que hay, y si no le gusta, quédese con los brazos cruzados.

Un trabajador despedido o que no le hayan pagado su nómina (o sea, que no tiene un euro), que pierde el juicio y quiere recurrir en Suplicación o  Casación, habrá de pagar para reclamar sus derechos que tanto consagra la Constitución. Mientras más lejos te vas, más caro te sale.

Imagínese que le ponen una multa de tráfico de cien euros. Usted presenta sus alegaciones y las desestiman, si quiere interponer un Contencioso Administrativo le saldrá más del doble de lo que le cuesta el haberse saltado una línea continúa. No es mala idea poder pagarle la tasa directamente al agente por una “justicia de calidad”.

Lo más lamentable es que por un accidente de tráfico o negligencia médica, en que, por ejemplo,  dejen a su hijo tetrapléjico, tenga que demandar, entre otros, a una solvente aseguradora, pagando no sólo una tasa fija por iniciar el proceso de la cual la demandada esté exenta, sino también un porcentaje de la indemnización de la que tiene derecho a cobrar.

Igualmente, uno de los motivos por los que se imponen las tasas, son para financiar los costes de la justicia gratuita, de modo que con las mismas se supone que se van a pagar a los abogados de oficio, cuando sus honorarios se han visto disminuidos hasta en un 60 % y son mileuristas como la generalidad de los españoles. Si decide contratar a uno particular lo va a tener muy difícil, porque es probable que esté en paro.

Jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios y un largo etcétera de profesionales que se dejan la piel en los Juzgados, se concentran constantemente para reivindicar la supresión de las tasas que ha implantado el ministro de Justicia en detrimento de este Servicio Público. Esperemos de esta forma, con todos estos paros generalizados, que el Gobierno se preste a suprimirla y echarla por donde corresponde, que, en definitiva, sería por la “taza”.

 

 

 

Luis Álvaro Pérez Sánchez

abogado

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