El reglamento de viviendas vacacionales de Canarias perjudica a los usuarios

La CNMC solicita suprimir o modificar varios artículos de la norma aprobada por el Gobierno regional.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia -CNMC- notificó el pasado 23 de julio al Gobierno de Canarias un requerimiento previo contra diversos artículos del Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma.

El análisis de la norma que la CNMC ha realizado ha puesto de manifiesto “numerosos obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado”, entre los que destacan:

  • Se privilegia a los establecimientos turísticos tradicionalmente instalados sustrayéndoles de los beneficios de la competencia y en perjuicio de los usuarios.
  • Se prohíbe el alquiler por estancias o habitaciones, lo cual se considera contrario al derecho del empresario injustificadamente.
  • Se establece un exhaustivo catálogo de requisitos en cuanto a las dimensiones y equipamiento de las viviendas, que constituyen una carga innecesaria para los operadores.
  • Se sujeta el acceso a la actividad a un régimen de declaración responsable que tiene características más propias de los regímenes de autorización administrativa, sin que se justifique en términos de necesidad y proporcionalidad tal intensidad.
  • Se exige la exhibición, en el exterior de la vivienda, de una placa distintiva de la actividad y, en el interior de la misma, de un cartel que recoja teléfonos de asistencia en caso de emergencia y las prohibiciones contempladas en el Reglamento, en español y en inglés. Se obliga también a la suscripción de un contrato escrito en español y en inglés.

Según la CNMC, estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalentando a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de prestación de servicio y a otros potenciales oferentes. Se reduce así el número de competidores y los incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios.

Asimismo, la reglamentación impugnada por la CNMC del acceso y ejercicio a esta actividad obstaculiza las posibilidades de innovación por parte de los operadores, impidiendo que los consumidores, con distintos gustos, preferencias y capacidad de gasto, se beneficien de ofertas también diversas, basadas en distintas combinaciones de calidad y precio.

Este requerimiento busca evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el caso de que el Gobierno de Canarias no modifique o anule las citadas restricciones. La CNMC explica que está legitimada para impugnar los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y las disposiciones de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

 

 

El Ilustrador

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.