El recorte de Fomento en Canarias es del 54 por ciento

Ana Oramas denuncia el fuerte impacto que causará en la construcción la paralización de las obras públicas.

La diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria -CC-, denunció hoy, en la Comisión de Fomento del Congreso, que los recortes aplicados por el Gobierno del Estado en los convenios de infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Canarias “causarán un fuerte impacto en el sector de la construcción por la paralización y ralentización de proyectos ya iniciados”.

La diputada de CC participó en el debate de las comparecencias de diferentes cargos del Ministerio de Fomento en las que desglosaron las partidas de sus respectivos departamentos en los Presupuestos de 2012.

Oramas señaló que el recorte del Ministerio de Fomento en Canarias es del 54 por ciento, 18 puntos por encima del conjunto de las Comunidades Autónomas, que es del 36 por ciento. Un ajuste que, según Oramas, “incrementa la brecha entre las Islas y el resto del Estado dado que la inversión media en Canarias es de 134 euros por habitante, mientras que en el resto del Estado asciende a 269 euros, es decir, los canarios recibimos justo la mitad”.

Estas cifras, según Oramas, certifican un nuevo incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal -REF-, que establece que las inversiones estatales en Canarias no serán inferiores al promedio para el conjunto de las Comunidades Autónomas. Todo ello, a  pesar de que el presidente, Mariano Rajoy, manifestó en la sesión de investidura, hace apenas tres meses, su compromiso total, pleno y absoluto en todos los aspectos referidos al REF”.

Los presupuestos contemplan 16,98 millones de euros para el convenio de aguas frente a los 59,3 millones que correspondían a Canarias en 2012 y una partida de 68,54 millones de euros para carreteras, muy inferior al compromiso de 207 millones. Además, se eliminan los 50 millones de euros correspondientes al convenio de estrategia de mejora del espacio turístico.

Oramas subrayó que de los 68 millones que corresponden a Carreteras, un total de 40 ya han sido certificados para su ejecución y 20 corresponden a expropiaciones, “por lo que el margen que queda es ridículo”. Ello supondrá la paralización de las obras contratadas, y el incumplimiento de los compromisos económicos con las empresas adjudicatarias de dichas obras, según Oramas.

Este fuerte ajuste afectará al desarrollo de los siguientes tramos de carreteras: La Aldea-El Risco, Adeje-Santiago del Teide, la  circunvalación de Arrecife, la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, Caldereta-Corralejo, el acceso al Puerto de Tazacorte y Ofra-El Chorillo.

“La paralización de estas obras públicas”, dijo la diputada nacionalista, “afectarán a 21 constructoras y 10 empresas de asistencia técnica;  pero lo que es más importante, a 1.200 trabajadores directos en obra pública en Canarias y unos 3.600 empleos indirectos. Esto, en una economía acosada por los niveles de paro, especialmente vinculado con la construcción, supone un impacto demoledor y definitivo para el sector”.

 

 

 

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