El Gobierno quiere someter a los funcionarios a control disciplinario

Pretende formar a un equipo de personal de alta gestión para controlar la función pública y multar con hasta 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados.

 

El anteproyecto de Ley que está redactando la consejería de Presidencia, dirigida por José Miguel Ruano, ya está levantando polémicas. Al parecer, en este texto figura la intención del Ejecutivo de la figura del personal de alta dirección para el control del funcionariado y la imposición de multas económicas en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), ya se ha manifestado en contra de este texto entendiendo que esa figura de control, también conocida como “comisario”, estaría sometiendo a los funcionarios a la política. Un hecho inaceptable en tanto que, según los funcionarios del Sepca, “el funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y solo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política”.

Por otro lado, el Sepca entiende que el régimen disciplinario de ningún tipo de empleo está sometido a multas monetarias, y que para sancionar a los trabajadores que cometen infracciones ya existen otro tipo de penalizaciones que, en caso grave, pueden llegar a la restricción de empleo y sueldo.

 

 

 

 

 

 

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