El Gobierno pone plazos a los sumarios

El Ejecutivo Estatal modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que, según el Gobierno, se busca agilizar la justicia penal para que «no haya ninguna sensación de impunidad» y los tiempos de tramitación sean «razonables y suficientes» para dictar una sentencia. También permitirá recuperar «aquello que el corrupto o el sentenciado haya podido detraer del dinero público o de lo que haya podido beneficiarse en su actividad delictiva».

Proceso penal y plazos de instrucción

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado que ahora «cada delito generará una instrucción diferenciada», con lo que se dictarán sentencias en plazos mucho más cortos. Además, los atestados policiales sin autor conocido no se enviarán a los juzgados, sino que se tramitarán con carácter administrativo hasta que se detenga al responsable, en cuyo caso sí tendrán un tratamiento judicial.

Asimismo, los asuntos sencillos tendrán un plazo máximo ordinario de instrucción de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Para las investigaciones complejas, el plazo será de 18 meses, prorrogable hasta otro plazo máximo similar cuando haya causas que lo justifiquen. También, se amplían los juicios rápidos a asuntos de tramitación sencilla, como los hurtos, amenazas leves o conducir en estado de embriaguez.

Garantías procesales y seguridad jurídica

Rafael Catalá ha explicado que la norma afectará a la interceptación de las comunicaciones telefónicas, la grabación de conversaciones orales o imágenes, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y el registro de dispositivos de almacenamiento de datos.

El texto también regula la segunda instancia penal. El ministro estima que 5.000 asuntos podrían ser susceptibles de esa segunda instancia y ha asegurado que «hay capacidad suficiente para articularla incluso sin necesidad de nuevos recursos sino mediante la reasignación de los disponibles».

El ministro ha señalado que la nueva modificación de la ley «incluye nuevas formas de decomiso», creando un procedimiento de decomiso autónomo y recuperación de activos procedentes de actividades delictivas, así como una oficina de recuperación y gestión de activos derivados de la práctica de delitos.

 

 

El Ilustrador

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.