El Gobierno de Canarias mantiene abierta una fundación ‘fantasma’

La Fundación Canaria para la Promoción de la Educacion, extinguida formalmente desde hace tres meses, sigue abierta y generando gastos para el sector público.

El personal de la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación ha gestionado desde el año 2004 las diferentes convocatorias de becas universitarias convocadas por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. El personal humano lo componen seis trabajadores entre las dos provincias canarias, y ha gestionado una media de quince mil expedientes de becas en cada convocatoria. En marzo de 2011 fue anunciado el recorte del sector público de de la Administración Pública Canaria con el consiguiente ahorro de 96 millones de euros con la extinción de una serie de Fundaciones y empresas públicas. El presupuesto establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2010 fue de 186.802,00 euros, por lo que la extinción de la Fundación ha supuesto un simple ahorro del 0,19 por ciento con respecto a los 96 millones de euros que planeó el Gobierno de Canarias de reducción del gasto público. El presupuesto establecido para la Fundación para el ejercicio 2011 fue de 0 euros por lo que hasta la actualidad la misma subsiste con remanentes de otros años para realizar la gestión de todas las convocatorias de becas del año pasado. La Fundación no aparece en para aludir a su efectiva extinción para justificar los recortes acometidos. A pesar de esto, la Fundación, a fecha de hoy, sigue de puertas abiertas, sin ningún tipo de actividad encomendada y generando gastos ordinarios día tras día.

En un primer momento se dejó sin presupuesto a la Fundación a principios del año 2011 y se dijo que se resolvería sobre su extinción. En marzo se acordó la extinción y en mayo fue aprobada por el Parlamento de Canarias. Sin embargo, no es hasta finales de octubre que la extinción de la Fundación queda inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias. Sorprendentemente, después de esa fecha, la Fundación ha seguido en activo, y el personal ha llevado a cabo toda la gestión de la convocatoria de becas complementarias a la movilidad del Gobierno de Canarias para el curso académico 2011-2012, finalizando la misma a finales de diciembre del 2011.

El personal de la Fundación ha venido percibiendo unos salarios muy inferiores a los que percibe cualquier tipo de personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y ha realizado actividades que le corresponde, en todo caso, realizar a la propia Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. En estos años se ha vulnerado de manera sistemática la normativa laboral en materia de salarios para el personal de la Fundación puesto que se ha aplicado a conveniencia de la Consejería la normativa el sector privado o para el sector público, siempre para pagar lo menos posible a los trabajadores. Es por eso que el Juzgado de lo Social de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en mayo de 2011, ha fallado en primera instancia a favor de los trabajadores, reconociendo diferencia de salarios no abonados y la cesión ilegal de los mismos. Dicha sentencia se encuentra recurrida por parte de la Viceconsejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Basta decir que toda esta situación irregular está generando a la Administración un deuda de unos 150 mil euros que, en todo caso, saldrán de las arcas públicas. Eso sin mencionar los posibles despidos e indemnizaciones que puedan generarse con el cierre de la Fundación.

Y es que el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha declarado que el ajuste del Sector Público no conllevará despidos. Sin embargo, en julio de 2011 se inició un ERE contra los trabajadores de la Fundación, aunque el mismo quedó desistido por para de la Consejería al no reunirse con los trabajadores para negociar el mismo.

Recientemente los trabajadores han denunciado a la Inspección de Trabajo la falta de ocupación efectiva en sus puestos de trabajo puesto que han cancelado sus cuentas de usuarios para poder acceder a los ordenadores en sus puestos de trabajo. La propia Inspección de Trabajo ha hecho un requerimiento formal a la Viceconsejería de Educación y Universidades mediante diligencia con la advertencia de que su incumplimiento determinará un acta de infracción.

Se denuncia la desidia y la negligencia de la propia Consejería de Educación, Universidades, Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, a la hora de gestionar el cierre de la Fundación, consumiendo los recursos hasta llegar a una situación laboral de los trabajadores «completamente insostenible». «Consideramos completamente legítimo querer ‘adelgazar’ el sector público, incluso crear o cerrar entidades. Lo que no parece legítimo es querer vender un ahorro que no es tal, pagar menos a sus trabajadores y hacerlos víctimas de una cesión ilegal, dejarlos ‘mano sobre mano’ y sustraer la gestión de las convocatorias de becas para prestar el servicio directamente por ellos sin tener los conocimientos y los medios adecuados para hacerlo, o haberlo previsto de alguna manera para no generar el caos que se está produciendo este año con la gestión de las becas del Gobierno de Canarias», denuncian los trabajadores de la Fundación, que continúa abierta a pesar de haber sido formalmente extinguida hace tres meses.

 

 

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