El Gobierno aprueba la modificación de la Ley de Costas

Greenpeace considera esta Ley ‘un engaño’ tramitado ‘a espaldas de la sociedad’.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de1988.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la modificación “protege nuestra riqueza medioambiental, concilia la protección del medioambiente con actividades económicas sostenibles, nos liberará de atrocidades urbanísticas y nos dotará de herramientas para garantizar y mejorar la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas en la costa”.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha subrayado que la norma tiene tres objetivos: reforzar la protección del litoral, incrementar la seguridad jurídica y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica.

El Proyecto de Ley, entre otras cosas, prohíbe que las obras de mejora en las edificaciones existentes, tanto en el dominio público marítimo-terrestre como en las zonas de servidumbre, supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie.

Además, el ministro ha explicado que la ley introduce la denominada ‘cláusula anti Algarrobico’, que regula la posibilidad que ahora tiene el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles, dando siempre la última palabra a los tribunales.

Greenpeace

Por su parte, Greenpeace considera que el proyecto “es un engaño, al proclamar la protección del litoral y a la vez, excluir construcciones ilegales y reducir el deslinde del dominio público marítimo terrestre”. La organización ecologista demanda al Gobierno cuáles son los criterios para ese uso “sostenible” de la costa que impedirán las ya habituales “atrocidades urbanísticas en nuestro litoral”.

La tramitación de esta Ley de alta incidencia ambiental no ha contado desde el principio con las principales organizaciones ecologistas e institutos de investigación. “En ningún momento se tuvo acceso a los borradores previos, de un borrador que se ha elaborado por un bufete de abogados ajenos al Ministerio de Medio Ambiente”, indican desde Greenpeace.

Según la organización, “la Ley de Costas no responde a la supuesta austeridad anunciada por el Gobierno, sino a la venta del suelo público”, ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 el presupuesto para el mantenimiento de la costa se reduce a la mitad, pasando de los 104 millones del 2012 a los 48,8 millones en 2013.

 

 

 

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