El Facilitador Financiero: Érase una vez

eurosLa última ocurrencia del equipo económico y aprobado en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos es la creación del Facilitador Financiero. Etimológicamente la palabra “Facilitador” no aparece en el DRAE; se supone que deriva del verbo transitivo “Facilitar” que tiene dos acepciones “hacer fácil o posible” y “proporcionar o entregar” de lo que se deduce que el Facilitador hará fácil o posible “lo financiero” o proporcionará o entregará “lo financiero”.

La figura se crea para 1º) ayudar a los autónomos, pequeña y mediana empresa a acceder a la financiación de las entidades de crédito y 2º) atender las dificultades de acceso a la financiación de proyectos viables, rentables y solventes. Se establece un máximo de dos millones de Euros y al parecer deben haber sido rechazados por las entidades financieras.
Como funciones principales se encuentran las de mejorar la comunicación entre la empresa y el sector financiero, las de asesorar a la empresa en el proceso de tramitación del crédito y la de revisar los expedientes de crédito denegados.

En cuento a la función de mejora de la comunicación entre las empresas y el sector financiero no se entiende muy bien ya que nuestras empresas saben perfectamente donde dirigirse y con quien comunicarse. En la función de asesoramiento para la obtención del crédito, se estaría superponiendo a la labor de la entidad financiera que es quien debe facilitar y orientar sobre la documentación requerida. No obstante no es un punto negativo en tanto no exista discrepancia en el tratamiento; y en cuanto a la revisión del expediente al que le ha sido denegado el crédito, esta es la función más interesante y que será objeto de controversias dispares ya que se interpondrá la valoración realizada por la entidad financiera y la que mantenga el “facilitador” sobre la viabilidad del proyecto. Por otra parte no se ve bien el modo de “obligar” a una entidad financiera que haya rechazado un proyecto por considerarlo inviable a que lo vuelva a readmitir aunque se financie por una línea del ICO por lo que será el ICO quien asuma la responsabilidad de la viabilidad del proyecto.

Además la creación de puestos de empleados en la Administración Pública que se ubicará en las instalaciones de instituciones colaboradoras añade “más madera” a los Presupuestos Generales del Estado para 2010 ¿verdaderamente era necesario?. Parece que el número de contratados ascenderá a 65 que tendrán que analizar unos 200.000 expedientes rechazados por la entidad financiera, es decir más de 3.000 expedientes por “facilitador”. Si la entidad financiera resuelve “favorablemente” la solicitud antes denegada la entidad será premiada con un incremento de la línea de avales.
El incremento del coste anual será de 10 millones de euros. Realmente no parece serio: mayor incremento del gasto, aún cuando 10 millones de euros anuales ya nos suele parecer una cantidad pequeña no dejan de ser cerca de 1.700 millones de las antiguas pesetas, e intromisión en la actividad financiera independiente de las entidades financieras, es decir de nuevo un cuento.

 

 

José Manuel Adán Carmona
Economista e Inspector de Finanzas del Estado

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