El Estado rebaja un 60 por ciento el presupuesto para Empleo

El director del Servicio Canario de Empleo tacha el recorte de ‘brutal e inmerecido’.

La Comunidad Autónoma de Canarias dispondrá de 100 millones de euros menos para aplicar sus políticas de orientación e inserción laboral ya que la Administración General del Estado ha decidido rebajar “de manera lineal” un 56,9 por ciento los fondos para Empleo a todas las autonomías. Estos datos han sido hechos públicos este miércoles en rueda de prensa por la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, y el director del Servicio Canario de Empleo -SCE-, Manuel León.

De este modo, el Archipiélago dispondrá de 76 millones de euros, pues aunque mantendrá los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias -PIEC- perderá los 70 millones correspondientes a la compensación por la desaparición del Impuesto General de Tráfico de Empresas -IGTE- para ejecutar sus competencias en materia de políticas activas de empleo a lo largo del presente año.

Manuel León ha asegurado que el Presupuesto General del Estado supone un “golpe brutal” a las políticas activas de empleo y que es “inmerecido”. El director del SCE ha recordado que este presupuesto llega después de cinco meses y ningún responsable político puede quedar sin dar una respuesta a la ciudadanía durante tanto tiempo ante una situación crítica en materia de empleo.

Por otro lado, Margarita Ramos ha aprovechado la ocasión para pedir a todas las organizaciones políticas que sean “honestas”. “Se ha hablado en el Parlamento de Canarias y fuera de él de la demora en la aplicación del Plan de Choque y debo denunciar una maniobra, concretamente de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, que consiste en enviar misivas a los ayuntamientos y cabildos invitándoles a que no participen en las convocatorias realizadas por la Consejería y el SCE. Se les advertía de que estas iniciativas iban en contra del artículo 2.3 del Real Decreto 20/2011. Esto llevó a la Federación Canaria de Municipios a pedir sendos informes, uno privado y otro al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que han dado claramente la razón a esta Consejería”, ha denunciado Margarita Ramos, que ha insistido en pedir “honestidad” a las personas que tratan de “enturbiar” el debate público y sobre todo en lo referido a políticas activas de empleo.

 

 

 

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