El Estado paraliza la consulta sobre las prospecciones

El Gobierno de Canarias expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional le de la razón.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos, tras sendos dictámenes favorables del Consejo de Estado, por los que se solicita del presidente del Gobierno la impugnación ante el Tribunal Constitucional del Decreto de Canarias 95/2014, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma, y del Decreto de Canarias 107/2014 del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa, referida a ¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo ambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?.

Según el Gobierno Estatal, la impugnación del Decreto que aprueba el Reglamento de consultas a la ciudadanía se fundamenta en que la pregunta constituye materialmente un auténtico referéndum, por lo que la potestad de regulación y autorización de referéndums, sin embargo, corresponde exclusivamente al Estado, según la Constitución Española.

El decreto por el que se convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa se impugna también al entender que la Comunidad Autónoma de Canarias carece de competencia para convocar un auténtico referéndum. “Debe tenerse en cuenta que la competencia en materia energética corresponde al Estado”, según se indica en la Constitución, “sin que la competencia de Canarias sobre régimen energético alcance el mar territorial y que, tal como ha puesto también de manifiesto el Tribunal Constitucional, en ningún caso podría la Comunidad Autónoma convocar una consulta sobre materias que no son de su competencia”, señalan.

El Gobierno de Canarias expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional avalará la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas al entender que la misma es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto recogido en la Constitución española.

Según han reconocido el Gobierno de Paulino Rivero, estos dictámenes suponen “la suspensión automática y cautelar del proceso, lo que no obsta para que el Alto Tribunal pueda dictar una resolución favorable a las tesis defendidas por el Gobierno de Canarias cuando dictamine sobre la continuidad o no de esta medida cautelar, para lo que dispone de un plazo de hasta cinco meses”.

El Ejecutivo regional subraya también que, “tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía son plenamente constitucionales”. En esa dirección, entiende que “se trata de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España”.

 

 

El Ilustrador

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