‘El Estado nos obliga a firmar un cheque en blanco con el objetivo del déficit’

Javier González Ortiz afirma que ‘las Islas han cumplido y ahora es el Gobierno de España el que debe aportar la financiación que nos corresponde’.

“El Estado nos obliga a firmar un cheque en blanco y un compromiso a ciegas al imponer un objetivo de déficit sin dar a conocer el recorte que ejecutará en los ingresos y sin aclarar sus decisiones en el ámbito de los servicios públicos esenciales”, dijo el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz tras finalizar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, celebrada ayer en Madrid.

Sobre la ampliación del 1,3 por ciento al 1,5 por ciento del margen del déficit para las autonomías decidido por el Estado para 2012, González Ortiz manifestó que “esa no es la solución para Canarias ya que eso significa un mayor endeudamiento. “En lugar de más deuda, solicitamos un reparto más equitativo del sistema de financiación autonómico para dejar de ser la comunidad peor financiada de España”.

El Gobierno de Canarias reclamó que no se aplique “tabla rasa” para todas las comunidades autónomas. “No es lógico que se castigue a las que hemos actuado responsablemente. Si, finalmente, los ajustes van a ser igual para todos, el Gobierno de España tendrá que explicar a los canarios para qué ha servido nuestro esfuerzo”.

Asimismo, González Ortiz destacó que Canarias es la tercera autonomía en control del déficit, la menos endeudada de España por habitante, y pionera en aplicar medidas de austeridad que han supuesto un ahorro de 2.300 millones de euros desde que se inició la crisis.

Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno de Canarias ha insistido en modificar el actual sistema de financiación que supone una grave penalización para las Islas cifrada en 600 millones de euros anuales. A este déficit se unen otros 200 millones de euros más anuales como consecuencia de que el Estado sigue sin cumplir la ley estatal del REF que obliga a invertir en las Islas al menos la media del conjunto de las comunidades autónomas.

 

 

 

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