El control del gasto público de la Familia y Casa Real

Familia Real Española

Sin remontarnos más allá de 1482 donde los soberanos señalaron “Las cosas que se han de hacer para la buena gobernación y administración del oficio de la contaduría Mayor del rey y la reina…“ (Archivo General de Simancas, D.C.-3-28), hasta la Constitución del 78 donde la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, siempre ha existido la preocupación por la buena llevanza de las cuentas reales. Nuestra Constitución, concede el privilegio al Rey de distribuir libremente la cantidad global que le asignen los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que indica libertad para no tener que sujetarse a norma alguna, cuando decida autorizar o comprometer gasto, reconocer obligaciones o pagar con cargo a dichos créditos ni tiene que ajustarse a los principios que para el gasto público se establecen en la Ley General Presupuestaria (eficacia, eficiencia y economía) ni a las responsabilidades que exige la Ley de Subvenciones.

Por ello, el nombramiento mediante real decreto por el que se nombra Interventor de la Casa de S.M. el Rey pareció causar sorpresa en primer lugar, dado que el libre albedrío para el gasto de los créditos consignados en los PGE exime al monarca de rendir cuenta alguna por la ejecución del gasto, al contrario de lo que ocurre en el resto de departamentos e instituciones, todas ellas sujetas al menos al control del Tribunal de Cuentas, ya que después de cerca de treinta y un años desde que se promulgó la C.E. y en base a lo estipulado en ella, parecía suficiente un administrador (intendente real) más que un interventor que no podría fiscalizar el gasto realizado al libre albedrío.

En segundo lugar, con una reflexión más profunda que no sea la meramente de imagen, induce a pensar que puede dar lugar a una transformación en la gestión del presupuesto de la Jefatura del Estado mediante el cual se llegue a conocer, de una manera clara y transparente, lo que supone el gasto total de la Jefatura del Estado, ya que los meandros financieros por los que discurren los fondos de la Jefatura del Estado en los PGE son de difícil seguimiento, al encontrarse dichos fondos a veces integrados en otros fondos ajenos a esa Jefatura lo que impide un cálculo preciso. Los PGE se dividen en programas que a modo de ríos van nutriendo financieramente las distintas áreas del Estado. En unos casos, los programas nutren una sola parcela del Estado y en otros los programas van atravesando distintas áreas, pero se conoce el quantum que deposita en Emblema de la Casa Realcada uno de ellas. El problema surge cuando los fondos incluidos en un programa se dedican a financiar parcelas para las que no están destinados, teóricamente, en su totalidad.

En el caso de la Jefatura del Estado encontramos dos programas directos que van a nutrir financieramente dicha Jefatura, y además otros programas que integran fondos destinados a financiar la Jefatura del Estado, junto a fondos que financian objetivos distintos, lo que impide el conocimiento preciso de los fondos destinados a la Jefatura del Estado por la lectura de los PGE. De acuerdo con el art. 65 de la C.E. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y distribuye libremente la misma. Las cantidades que en base a este artículo se integran en el Presupuesto del Estado se consignan en la Sección 01 Casa de S.M. el Rey (de acuerdo con la C.E. debería denominarse Familia y Casa de S.M. el Rey) en un único Programa 911M Jefatura del Estado que sólo tiene un concepto económico, transferencia corriente, en base al art. 65 citado por importe en 2009 de 8.896.920 euros (en 2008 de 8.663.020 de euros).

Además de ese programa, encontramos el 911Q Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado que se encuentra en el Ministerio de Administraciones Públicas, con un importe en 2009 de 6.535.520 euros (en 2008 de 5.987.050 de euros).

Este último programa sólo dispone de crédito para sueldos del personal (6,2 millones de euros) e indemnizaciones (326.000 euros) en 2009, y aquí se consigna el sueldo de parte del personal civil que tiene su destino en la Casa de S.M. Al ser créditos consignados en el Ministerio de Administraciones Públicas la fiscalización de los mismos pertenece a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y realizado por el interventor delegado en dicho Ministerio. Por lo tanto, claramente se conocen los créditos del Programa 911M (de libre albedrío) y los del Programa 911Q fiscalizados por la IGAE. Pero en la Casa de S.M. también está destinado personal de las Fuerzas Armadas (crédito fiscalizado por la Intervención Delegada del Ministerio de Defensa), de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (crédito fiscalizado por la Intervención Delegada del Ministerio del Interior, etc.

Ese personal, así como el resto de créditos de apoyo a la Jefatura del Estado, no figura dentro de sus ministerios en un programa específico de apoyo a la gestión de la Jefatura del Estado, por lo que no es posible cuantificar desde la lectura de los Presupuestos la magnitud presupuestaria total destinada a la Casa de S.M. Si a ello añadimos los fondos indirectos por otros entes (Patrimonio del Estado, Patrimonio Nacional,…) dentro de cada ejercicio presupuestario, veremos que conocer las cantidades que los Presupuestos destinan a la Jefatura del Estado es sumamente complejo. Por lo tanto hasta aquí nos encontramos con fondos de libre disposición de S.M., sin necesidad de fiscalización alguna, ni siquiera por parte de Tribunal de Cuentas y con fondos de apoyo a la gestión de la Jefatura del Estado fiscalizados por diversos interventores delegados (dependiendo de que Ministerio o institución suministre los fondos directa o indirectamente a la Casa de S.M.) de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, que dispone en su artículo 140.2 La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá en los términos previstos en esta Ley el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle, en este caso los ministros de los departamentos y autoridades donde se ubiquen los fondos de apoyo a la Jefatura del Estado.

El modelo que se nos presenta es, pues, el de un particular que ha sido nombrado por R.D. del Rey, como Interventor de la Casa de S.M. el Rey para los fondos relativos al art. 65 de la C.E., y diversos Interventores delegados que fiscalicen los diversos fondos que nutren la Jefatura del Estado donde se ubica la Casa de S.M. Existen, pues, la persona nombrada por el Rey como interventor y los interventores delegados de la Intervención General. Es Palacio de la Zarzuelaun modelo mixto, por la procedencia de los distintos fondos y consecuentemente distintos órganos fiscalizadores que impide conocer de una forma clara y transparente el gasto total de la Jefatura del Estado. En este caso no debe haber solape de funciones entre los diversos interventores, aun cuando sólo uno es el nombrado por el Rey y los demás por el interventor general de la Administración del Estado ya que si bien el Rey lo hace mediante un real decreto, el interventor general se basa en la Ley General Presupuestaria que nombra a interventores delegados, mientras que el nombramiento real recae en una persona no funcionario, es decir un particular en base a lo expuesto en el artículo 65.2 de la C.E. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. La persona nombrada por el Rey como interventor no tiene por qué tener en cuenta ni los principios exigidos en la Ley General Presupuestaria ni en la Ley de Contratos de las AA.PP. en el momento de fiscalizar el gasto financiado con los fondos que voluntariamente el Rey cede a la Casa de los asignados en base al art. 65 de la C.E. para su Familia y Casa. Ha de ser una ordenación interna elaborada por la Casa de S.M. la que regule las competencias del nuevo interventor, en caso contrario sería un acto simbólico carente de eficacia alguna.

La Casa de S.M. se creó en 1975 y dada su naturaleza se decide no integrarla en la Administración del Estado y tiene como misión servir al Rey en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado. Está constituida por Jefatura, Secretaría General, Cuarto Militar y Guardia Real, y el Servicio de Seguridad. El jefe de la Casa formula la propuesta de presupuesto y firma los contratos relativos a asuntos propios de la Casa. El secretario general elabora anualmente un informe acerca de la marcha y rendimiento de los servicios a su cargo. El personal de la Casa puede ser entre otros, de alta dirección y dirección (percibiendo éstos sus retribuciones con cargo a la Casa), funcionarios de carrera (percibiendo sus retribuciones por el Ministerio de AA.PP.). además tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior, prestarán

los apoyos de todo orden que precise la Guardia Real y el Servicio de Seguridad para el cumplimiento de su misión, lo que significa que tanto la Guardia Real como el personal de seguridad tienen ubicadas  sus retribuciones en estos departamentos. El jefe de la Casa, el secretario general y el personal de dirección perciben retribuciones como las atribuidas a ministro, secretario de Estado y directores generales, respectivamente, en los PGE. Llegado a este punto, hemos de señalar que la dispersión de fondos y de órganos fiscalizadores no es precisamente la forma más adecuada para el conocimiento preciso de los fondos dedicados a la Jefatura del Estado. Por ello, el nombramiento de un interventor de la Casa de S.M. debe, en mi opinión, ser el comienzo de la elaboración de una estructura presupuestaria y fiscalizadora diferente de la Jefatura del Estado. Para ello hay que comenzar con integrar en una sola sección de los PGE todos los fondos necesarios para el desempeño de las funciones atribuidas al Jefe del Estado. En esa sección se deberían integrar los fondos de libre disposición que la Constitución concede al monarca en virtud del artículo 65 y que el Rey debe libremente dividir entre los correspondientes a su Familia y los correspondientes a su Casa para el pago de la estructura antes comentada, y por otra parte los créditos de apoyo a la Jefatura de Estado donde se incluyan el resto de fondo ahora repartidos por los PGE. De esa manera, el interventor fiscalizaría los fondos correspondientes a la Casa y los de apoyo a la Jefatura. La sección del presupuesto podría denominarse Jefatura del Estado incluyendo Familia, Casa y apoyo al Jefe del Estado. Es de esta forma como por una parte tendría sentido este nombramiento y por otra se llegaría al conocimiento de la cuantía presupuestaria de la Jefatura del Estado, como una sección más del presupuesto lo que haría aumentar la transparencia de la cosa pública. Sería un modelo similar al que utiliza el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, las Cortes, etc., que tienen órganos fiscalizadores

independientes de la IGAE (particulares) y que funcionan con sus reglas específicas y que presentan un presupuesto recogido en una sección específica de los PGE y con conocimiento de su distribución. Creo que es el modelo al que habría que dirigirse, de lo contrario, el interventor designado por el Rey será más una ayuda a una buena gestión, es decir predominaría más la vertiente de administrador que de órgano fiscalizador que realizaría una función simbólica.

José Manuel Adán Carmona

Economista e Inspector de Finanzas del Estado

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