El Ayuntamiento no defendió el interés público en el litigio por la compra de la Casa Condal de Telde

El Juzgado ha fallado que Agustín Arencibia no tenía facultad para ordenar al abogado del Ayuntamiento de Telde a allanarse en el litigio

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha fallado sobre la sospecha de irregularidades, por parte de Ciuca – Ciudadanos para el Cambio, en el trámite de la adquisición de la Casa Condal.

En la sentencia se manifiesta que “Agustín Arencibia no tenía facultad para ordenar al abogado del Ayuntamiento de Telde a allanarse en el litigio del inmueble municipal, es decir, a conformarse y aceptar lo que reclamaba el demandante”, es por ello que “el Ayuntamiento en vez de defender el interés público y los intereses municipales, mostró conformidad con el demandante, lo que llevó a asumir el pago de más de 400.000 euros por una sexta parte de la propiedad”.

“Cabe destacar que los allanamientos en cuestiones de patrimonio están expresamente prohibidos por la ley, y aún así, el Gobierno de Telde autorizó el allanamiento mediante un decreto ilegal y extemporáneo, el cuál no sólo se firmó por alguien que no era competente, sino que además se firmó fuera de plazo, puesto que el abogado del Ayuntamiento ya se había allanado procesalmente y contraviniendo el propio reglamento de bienes de las entidades locales”, exponen desde Ciuca. El juzgado ha declarado nulo el decreto del concejal Agustín Arencibia (NC).

La compra de la Casa Condal de Telde

La formación política asegura que “se le encendieron las alarmas” cuando el pacto NC-CC-Mxt, presidido en ese momento por Héctor Suárez (CC) celebró un acuerdo extrajudicial “evidentemente lesivo con una de las partes propietarias de la Casa Condal”, anunciando que “el inmueble pasaría a titularidad municipal por un acuerdo de más de 430.000 euros”. Al frente de la concejalía de Patrimonio estaba la edil Lidia Mejías (CC).

“La defensa de los derechos de la ciudadanía” se basa en un convenio firmado en 1.998 entre los propietarios del inmueble, herederos del Conde de la Vega Grande y el Ayuntamiento de Telde. El acuerdo urbanístico consistía en Acuerdo Sustitutorio de Reparcelación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución UE-67 El Cubillo y cesión de terrenos, entre ellos la denominada Casa Condal respecto de las 5/6 partes quedando la sexta parte restante latente y postergada, por disputa judicial. Es decir, los propietarios de la Casa Condal, en su mayoría (5/6) cedieron a la institución la instalación a cambio de la reparcelación de unos terrenos, quedando pendiente esa sexta parte por resolver, explican desde Ciuca

La sexta parte quedó a esperar de ser resuelta judicialmente, pero en el convenio se adelantaba que cualquiera que fuera la resolución judicial que se adoptara quedaba depositada en las personas firmantes del convenio y en propiedad o copropiedad pendiente de fijación judicial el deber derivado de ello. Las cinco partes conformes con el convenio debían hacer frente a cualquier fallo judicial frente a la otra parte, haciendo referencia incluso a lo económico, pero nunca el Ayuntamiento de Telde.

Con el paso del tiempo, en el año 2020 la sexta parte, propietaria de la Casa Condal interpuso una demanda contra el Ayuntamiento de Telde, con el fin de solicitar la venta en pública subasta de la instalación. En agosto de ese mismo año, el concejal Agustín Arencibia, “decretó el allanamiento de la institución en el procedimiento, ordenando de este modo a la defensa del Ayuntamiento a tomar esta postura de aceptación y conformidad”. Ciuca, tras enterarse del decreto de Arencibia “puso la maquinaria en marcha y solicitó el acceso y la copia del expediente completo de la Casa Condal”.

Una vez obtenida la documentación, “el gabinete jurídico de la formación política estudió el caso y lo puso en manos de los juzgados, creyendo que existían varias irregularidades en la actuación del Gobierno municipal y de funcionarios de la asesoría jurídica. Hace unos días el juzgado de lo Contencioso-Administrativo fallaba a favor de las sospechas de Ciuca. La sentencia judicial es ya firme. Todo este camino jurídico ha estado presidido desde Ciuca por Daniel Reyes, abogado y consejero en el Cabildo de Gran Canaria por la misma formación.

 

 

El Ilustrador

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