Diez días para el cumplimiento de la sentencia que anuló la privatización de Emmasa

El fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias es firme y ejecutable y ordena un plazo improrrogable de diez días para el cumplimiento voluntario de la sentencia que anula la privatización de la empresa de aguas.

El fallo debe de ser ejecutado de forma inmediata por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al que ya se le ha remitido la diligencia, al igual que al abogado y concejal de Ciudadanos Ángel Isidro Guimerá, que en su momento interpuso el recurso que sería asumido por el TSJC. También el Ayuntamiento tenía intención de presentar un recurso judicial de naturaleza extraordinaria que no ha sido contemplado en lo que finalmente ha dictaminado la Sala. De no cumplirse de forma voluntaria lo establecido en esta sentencia en un plazo improrrogable de diez días, esto es, antes del próximo 3 de noviembre, cualquier particular o colectivo podría exigir la ejecución en los siguiente dos meses. El fallo ha sorprendido al Ayuntamiento de Santa Cruz, que ya había anunciado su intención de presentar un recurso y que, de haber sido así, probablemente hubiera retrasado la decisión de la Sala.
 
 

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