Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura

Torturas del ejercito de EEUUEspaña es el único país de la Unión Europea que conserva un régimen de detención con restricciones severas de los derechos de las personas detenidas.

En el día internacional de apoyo a las víctimas de tortura, Amnistía Internacional ha presentado el informe: “La tortura como receta: de la lucha antiterrorista a la represión de la primavera árabe” en el que pide a los gobiernos que cumplan la prohibición total de la tortura, así como las prácticas que la favorecen, como son las distintas formas de detención ilegal y los juicios sin garantías; que lleven a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias relativas a estas violaciones de derechos humanos y que garanticen una reparación plena a las personas que hayan resultado perjudicadas por ellas.

Estados Unidos, Iraq, Afganistán, Lituania o Reino Unido han utilizado la excusa de la amenaza “terrorista” para desobedecer el derecho internacional y cometer violaciones de derechos humanos. Pero son muchos más los países que reprimen la disidencia pacífica, torturan a quienes han sido detenidos por motivos de seguridad, someten a personas a reclusión sin cargos ni juicio por tiempo indefinido y a desaparición forzada, y cometen abusos de muy diversa índole, todo ello en nombre de la seguridad.

Un ejemplo especialmente llamativo es Turquía donde miles de menores, algunos de sólo 12 años, han sido enjuiciados en virtud de la legislación antiterrorista, solamente por su presunta participación en manifestaciones que el Gobierno consideró que apoyaban el “terrorismo”. En Siria, varios miles de personas continúan detenidas en régimen de incomunicación y, dado que el gobierno aplica la tortura de manera sistemática desde hace muchos años, corren peligro de ser torturadas. En Bahréin, la ley del estado de excepción se ha empleado para detener sin orden judicial y recluir en régimen de incomunicación a manifestantes y activistas políticos durante las protestas, así como para juzgar a civiles ante tribunales militares.

Según denuncia Amnistía Internacional, países como España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Suecia han transferido detenidos a países cuyos gobiernos se sabe que utilizan la tortura –incluso de manera sistemática o generalizada– apoyándose en promesas formuladas por dichos gobiernos de que no torturarán a los detenidos. En realidad, estas llamadas “garantías diplomáticas” y otros acuerdos semejantes no son dignos de crédito y se utilizan para eludir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados. Mientras China, Brasil, México o Israel, Costa de Marfil o la República Democrática del Congo ni siquiera precisan de una excusa para aplicar la tortura. Hacen uso de la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias, la tortura y otras formas de malos tratos, para reprimir y castigar la disidencia.

Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones a España por no investigar de manera adecuada las alegaciones de tortura. Tampoco se tomaron medidas para recopilar y publicar datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial, como establecía el Plan de Derechos Humanos aprobado en 2008. 

Aunque en mayo de 2010, Naciones Unidas recomendó a España la abolición del régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades “terroristas”, el Gobierno volvió a rechazar estas recomendaciones. España es el único país de la Unión Europea que conserva un régimen de detención con restricciones tan severas de los derechos de las personas detenidas. Éstas pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o a un médico de su elección, y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades. La detención en régimen de incomunicación puede imponerse antes o después de que la persona detenida comparezca ante una autoridad judicial y puede alargarse hasta 13 días.

 

 

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