¿Despotismo o colonialismo simplista?

SERUNION

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La empresa catalana SERUNION, concesionaria del servicio de catering en el albergue municipal de los desamparados de Santa Cruz, despidió a la trabajadora Yurena Martín por sustraer 150 g de queso barato y dos mendrugos de pan, inducida por su estado de necesidad. Con la nevera vacía, era la cena para sus hijas de 8 y 11 años

Ante el escándalo mediático que se ha suscitado a nivel nacional, las autoridades locales han reaccionado con la cautela que les corresponde, pero a falta de la firmeza que merece la dureza exhibida en la carta de despido. “Si se confirma que solo ese es el motivo del despido, exigiremos la readmisión de la trabajadora”. ¡Claro que solo era ese el motivo!. De existir otros, habrían constado en la redacción del documento inicial de expulsión. Pero se les dio una pista para redactar sendos comunicados de prensa en los que se denigra a la víctima con calumnias, injurias y acusaciones sin documentar, tras rehusar comparecer ante los medios. Falta de credibilidad absoluta para cualquier persona normal.

No parece un caso aislado de actuación de esta empresa, cuyo amplio historial de irregularidades figura en Google apenas se pincha su nombre.

La diferencia con la situación actual es que la repercusión mediática, el escándalo y alarma social han traspasado fronteras gracias a la ética informativa de todos los medios de comunicación sin excepción. Sobre todo porque la solidaridad popular ha determinado que Yurena no esté sola e indefensa, sino que el prestigioso letrado, Gerardo Pérez, antiguo Juez de lo Social y profesor de Derecho Constitucional en la ULL, le ha brindado su asistencia legal, desinteresada y gratuitamente, en nombre de la Justicia y de los sentimientos humanitarios que acompañan la deontología y moral profesional de este ejemplo a seguir, entre otros varios.

La readmisión en SERUNION es desestimada

La reacción inmediata, tras la primera intervención del abogado en los medios, fue que SERUNION se pusiera en contacto con él para negociar la readmisión de la trabajadora. Aceptado en principio el ofrecimiento de conciliación, el letrado respondió con un listado razonado y razonable de las condiciones en los que se basaría la readmisión. Por ejemplo, los términos en los que se debían rehabilitar la honorabilidad y buen nombre de Yurena, en entredicho tras los comunicados a posteriori.

Al día siguiente, desde un despacho de abogados de Barcelona, se niega la posible readmisión: “A los Juzgados y la indemnización que corresponda”. Demasiada prepotencia, en la cotejada línea habitual de esta sórdida empresa. El respaldo incondicional de Gerardo Pérez sigue intocable en “defensa de su clienta”.

Pero lo verdaderamente preocupante es el repentino silencio de nuestras autoridades ante el menosprecio dirigido a la víctima desde la Comunidad Autónoma más controvertida del Estado Español.

Precariedad laboral e indiferencia de las instituciones públicas

El caso Yurena el símbolo de una realidad mucho más profunda, ante la que no conviene meter la cabeza en un agujero avestruceramente.

Quizá, desde aquel nordeste cartográfico, consideren erróneamente que esto sea un territorio menor por exotismo y lejanía, del que se pueda abusar impunemente en negocios de explotación, bajo condiciones de precariedad laboral, para facturar 300 millones de € al año. Esta filosofía invasiva tiene un nombre peyorativo que afortunadamente pasó a la historia, y no cabe en la civilización actual.

Nuestras silentes autoridades no pueden desaprovechar esta oportunidad de reivindicarse ante su Pueblo. Lo tienen fácil: Lo primero, rehabilitar a Yurena en otro puesto de trabajo digno que le permita el sustento familiar y pagar un alquiler social de alguna de las múltiples viviendas disponibles al respecto. No la dudosa propuesta de “búscate un alquiler y nosotros te pagamos una parte durante un tiempo”.

Y una vez resuelto el problema humanitario para compensar en parte el calvario que sigue sufriendo esta criatura, el Ayuntamiento y el Propio Gobierno de Canarias deben actuar con la contundencia suficiente contra SERUNION, subcontratada por el concesionario GRUPO 5, tras el concurso pertinente que convendría revisar. Demasiado negocio montado alrededor del hambre, la pobreza y la miseria.

Los ciudadanos exigimos a nuestros políticos que compartan con nosotros los sentimientos de dignidad frente a las asechanzas exteriores. Es imprescindible el firme respaldo institucional al insigne letrado, sin ambages y con la gallardía impresa en nuestro espíritu.

Carlos Castañosa

Un comentario
  1. Totalmente de acuerdo con la opinión expresada, excepto por el recurso fácil del “colonialismo” o la controversia de determinadas comunidades autónomas. La explotación, el mangoneo y las oscuridades de la contratación pública son universales y presentes en empresas de aquí y de allá, y mezclarlo con discursos regionalistas no hace sino confundir y diluir un mensaje acertado.

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