El desfalco millonario de Sinpromi

Sinpromi

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La  sociedad pública encargada de la atención a personas discapacitadas en Tenerife ha desfalcado 795.115 euros

El ex director financiero y la ex gerente de Sinpromi son los dos nombres visibles del caso que estudia la sustracción de fondos públicos y por el que están siendo investigados. “Sigue siendo incomprensible que los dos investigados por esta apropiación de fondos públicos destinados a discapacidad estén campando a sus anchas, con libertad para salir y entrar de la isla, así como para gastar el dinero que pudiera quedarle y que, según la investigación policial, el autor confeso del robo usó para disfrutar de viajes y caprichos de lujo, así como para financiar fichajes estrella del club deportivo que presidía”, critica Mila Hormiga, la consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife.

Por su parte y en respuesta a las declaraciones hechas públicas por Hormiga, el Cabildo de Tenerife ha emitido un comunicado informando de que a auditoría llevada a cabo en la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), una empresa pública dependiente de dicha institución, ha destapado un desfalco de 795.115 millones de euros que será repuesto de acuerdo con un plan de devolución ya estructurado.

Sinpromi deberá abonar el dinero sustraído en un plazo de cuatro años

Hormiga insiste en que la situación es dramática para el correcto funcionamiento de esta sociedad ya que será necesario practicar recortes en los programas que actualmente desarrolla con el fin de afrontar los números rojos de sus cuentas. La empresa pública tendrá que devolver el dinero desfalcado en un plazo de cuatro años, a razón de 198.778 euros por anualidad, que serán recortados del presupuesto de la entidad.

Además, la representante de Podemos adelanta que “es probable que la cantidad total de dinero malversado sea mucho mayor, pero que lo que se puede demostrar” sean sólo esos 795.115 millones de euros. En este sentido Hormiga critica la falta de transparencia del Gobierno de CC-PSOE, el retraso del Cabildo a la hora de personarse en una causa tan grave y el hecho de que “ni la corporación insular ni Sinpromi han pedido siquiera prisión cautelar para los investigados por este escándalo”.

El Ilustrador

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