Descontrol en la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción

Prestación Canaria de Inserción

Noemí Santana y Ángel Víctor Torres

Intersindical Canaria asegura que el nuevo Gobierno está poniendo en riesgo a los colectivos más vulnerables de la sociedad insular

Tanto la Prestación Canaria de Inserción como las Pensiones no contributivas están siendo tema de debate estos días en el archipiélago. Desde Intersindical Canaria se critican las últimas medidas adoptadas por el Gobierno regional y la propia Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Medidas que, en palabras del sindicato “han propiciado una enorme desorganización y caos, tanto a niveles organizativos como de gestión de los servicios públicos y ayudas públicas que recibe la ciudadanía”.

Se acumulan los problemas para tramitar la Prestación Canaria de Inserción y las Pensiones no contributivas

El sindicato culpa directamente al Presidente de Angel Victor Torres (PSOE) y la Consejera Noemi Santana Perera (PODEMOS) como responsables de la paralización de las tramitaciones de la Prestación Canaria de Inserción con la orden expresa que se les ha dado a los administrativos auxiliares a los que ahora se les ha exigido que vuelvan a realizar exclusivamente las tareas correspondientes a su categoría. El origen de esta orden ha estado en la reclamación de dichos trabajadores para que se reconociera económicamente la labor que han estado realizando y que nunca ha sido encuadrada en la categoría a la que pertenece.

Existen aproximadamente unas 10.000 tramitaciones abiertas para la solicitud de la Prestación Canaria de Inserción. Intersindical Canaria insiste en que “Ordenar que las trabajadoras dejen de realizar las tareas administrativas que llevan más de 15 años realizando, para desempeñar otras tareas” empeora la actual situación en la tramitación de esta prestación tan esencial para subsistir, suponiendo, entre otros, un retraso en el estudio y la gestión de estas solicitudes, que en la actualidad se sitúa en unos 40 expedientes diarios.

Por otro lado, hay que subrayar que recientemente, a través de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, se ha llevado a cabo una modificación de esta prestación que permite continuar después de agotar los 24 meses a aquellos colectivos vulnerables y con menores a cargo. Actualmente no existe personal suficiente ni medios materiales para cumplir los requisitos que exige la propia Ley, dejando indefensa a una parte importante y socialmente sensible de la sociedad canaria.

La sobrecarga que esto supone para los trabajadores y trabajadoras, la falta de personal y de recursos materiales (adaptación informática de los procedimientos y de los equipos), se ha visto agravada por las medidas tomadas indiscriminadamente sobre el personal. Tampoco se ha pronosticado que esta modificación significaba un incremento de carga de gestión en cuestiones de medios materiales y humanos así como la adaptación informática necesaria para poder ofrecer estos recursos aprobados por Ley en los plazos establecidos.

 

 

El Ilustrador

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