España viola los Derechos Humanos en cada desahucio sin alternativa

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España viola los Derechos Humanos en cada desahucio sin alternativa

El cumplimiento del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada debería ser la prioridad de cualquier estado desarrollado

Tal como ha recordado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la ejecución de un desahucio sin alternativa es un acto que no tiene cabida en la Declaración de Derechos Humanos. Así lo ha constatado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas al juzgar un caso de desahucio acontecido en Madrid en 2013.

Una sentencia judicial obligaba entonces a una familia de 4 miembros a abandonar un inmueble tras la extinción de un contrato de alquiler de habitación. La familia (dos adultos y dos niños, uno de un año y el otro de tres), residente hasta entonces en el barrio de Tetuán, se vio obligada a pasar la noche en el interior de un coche ya que ni los Servicios Sociales municipales, ni el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), ni el propio Juzgado actuaron para impedir el desahucio.

Naciones Unidas reconoce la violación de derechos cometida por el Estado español y obliga a que éste no sólo repare los daños causados sino que, en un plazo de 6 meses, remita un plan de reforma en materia de alquiler y vivienda.

El desahucio sin alternativa pone en grave riesgo a la población más vulnerable

Desde 2009 la PAH ha denunciado miles de casos referentes a la violación estructural del Derecho a la Vivienda reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y la propia Constitución de 1978, con daños sociales irreparables en los sectores más vulnerables.

El desahucio sin alternativa es otra de las manifestaciones de cómo el Estado español continúa incumpliendo los Derechos Humanos en materia de vivienda y sigue siendo necesaria la movilización de la ciudadanía para evitar este tipo de abusos.

A partir del próximo mes de septiembre se discutirá en el congreso la propuesta de Ley de Vivienda planteada por la PAH y desde la asociación esperan que todos los diputados se posicionen con respecto al cumplimiento de estos derechos.

 

 

El Ilustrador

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