De la credibilidad y otras lindezas

En los BOE de fecha 7 y 9 de Abril de 2012, aparecen publicadas varias disposiciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco (hasta 28) en las que se aprueban, entre otras, los Presupuestos de dicha Comunidad  de los años 83, 84, 85, 86, la Ley de 1983 sobre el himno oficial de dicha Comunidad, los Presupuestos de 1983 del Ente público Radio Televisión vasca, que podíamos considerar ilegales, al no haber sido publicados hasta ahora en el BOE, se supone que para no poder realizar recurso de inconstitucionalidad.

Este simple ejemplo demuestra el embrollo en el que el Estado Autonómico con su fuerza centrifuga ha llevado al Estado al disparate.

El problema actual de nuestro país es el de falta de credibilidad como resultado de la política llevada a cabo por este Gobierno y como consecuencia de los muchos años de la debacle socialista. Esta falta de credibilidad genera desconfianza, en alcanzar el déficit presupuestario acordado y en lograr el crecimiento para poder pagar la deuda.

El Gobierno actual no acierta a serenarse y da continuamente palos de ciego cuando ha tenido ocho años en la oposición para poder saber  cual seria su actuación nada más llegar al poder. Por el contrario se encuentra acomplejado, falto de decisión y sin tomar las medidas drásticas necesarias que este país necesita sin contar las salidas por el garaje del Presidente y las continuas equivocaciones y correcciones por parte de unos y otros ministros.

Existen varias teorías sobre el ritmo de crecimiento, una que aboga por reducir gasto pero al mismo tiempo poder crecer y otra la que prefiere reducir gasto nivelar la economía y posteriormente crecer. Considero que no tenemos otra alternativa que ajustarnos a esta última.

En mi opinión el Gobierno ha cometido hasta ahora cuatro errores garrafales que hacen que la prima de riesgo hoy se sitúe en los 440 puntos.

La subida del IRPF, el desplante ante Bruselas para no reducir el déficit de 2012 hasta el 4,3 y situarlo en el 5,3 % del PIB cuando acababa de firmar el pacto fiscal que le obligaba, la amnistía fiscal a las grandes fortunas y el retraso en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado con la inmediata rectificación de una reducción adicional siete días mas tarde de 10.000 millones de euros.

El incremento del IRPF durante dos años, no  va a suponer ni mucho menos el aumento deseado como ya se esta viendo en la gran masa de este impuesto que son los funcionarios públicos y los asalariados y pensionistas. Además del coste político, que en este contexto no debe importar.

El enfrentamiento con Bruselas después de la firma del Pacto Fiscal, supone una indecencia política y esto se traduce en que los mercados no se fíen. Los países “amigos” que en las relaciones internacionales no lo son ninguno cuando de defender a su país se trata critican esta marcha atrás del Presidente y supone un desconocimiento total de lo que representan los vínculos internacionales. La crítica de los países “amigos” lleva a tener que pagar precios imposibles por los gastos financieros de la deuda.

La amnistía fiscal es de países tercermundistas y nos deja a los pies de los caballos de los mercados, insistiendo en la desconfianza que este Gobierno produce.

La presentación tardía de los PGE y su rectificación casi inmediata no es propia de un  Gobierno con el conocimiento de las finanzas que se supone debe tener un Gobierno europeo.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria próxima debe embridar a las Comunidades Autónomas. No es de recibo que el Gobierno tenga más sujeción respecto a la denominada troika (BCE, FMI, UE) que las CC.AA respecto al Gobierno.

La escasez de fuerza política de nuestros gobernantes que no son capaces de poner orden y freno en el sistema autonómico, no multas que no se pagaran nos llevara al rescate indeseado.

La reducción del Sector público que se esperaba, aplicada fundamentalmente a los asesores, contratados laborales y empresas públicas  e instituciones duplicadas  de todos lo ordenes no se ha producido.

Las competencias exclusivas del Estado deben ser devueltas por las CC.AA. al Estado para ser ejercidas  por el Estado, de acuerdo con la Constitución. Los presupuestos de las CC.AA deben ser aprobados por las Cortes Generales no permitiendo déficit alguno y fiscalizados por los Interventores del Estado.

Si no se hace, por ahora estaremos pagando la deuda pública a unos intereses muy elevados hasta que llegue el momento del rescate.

Mientras tanto sonriamos  con el chiste del vasco nacido en Burgos, porque los de Bilbao nacen donde quieren, contemplando como la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 1983, se publica (aprueba) con fecha 9 de Abril de 2012.

¿Será que siendo vasca se aprueba también cuando se quiere?

 

 

José Manuel Adán Carmona

Economista e Inspector de Finanzas del Estado.

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