Polémica por la cotización obligatoria del alumnado en prácticas

cotización obligatoria del alumnado en prácticas

Alumnos de la Universidad de La Laguna / @CanalULL

CC.OO. considera que la decisión impuesta por el Gobierno puede suponer una disminución en el número de prácticas ofertadas

El sindicato ha pedido a la Administración canaria que se posicione con respecto a esta decisión que obliga a empresas y entidades a la cotización obligatoria del alumnado en prácticas. Por el momento, la Consejería de Educación y Universidades aún no se ha pronunciado acerca de la aplicación de esta medida en el archipiélago, pero CC.OO. ya predice lo que este cambio va a suponer: la disminución en las ofertas de prácticas para el alumnado de las islas.

Desde el sindicato se celebra que el Gobierno por fin reconozca el valor de las prácticas académicas externas de los estudiantes, algo que defiende desde 2010, y comparte el espíritu de la norma aprobada que está pendiente de un desarrollo reglamentario que tiene que aprobarse en los próximos tres meses. No obstante, advierte de los aspectos negativos de su aplicación y pide a las Administraciones canarias que se pronuncien sobre esta propuesta.

La cotización obligatoria del alumnado en prácticas y los intereses empresariales

Tal como ha advertido CC.OO., desde los centros educativos se comienzan a observar las dificultades para conseguir empresas en las que desarrollar los períodos de prácticas. La situación e preocupantes ya que muchos de estos alumnos deberían iniciar su período de formación en el plazo de dos semanas.

Al parecer, muchas empresas e instituciones consideran que la cotización obligatoria del alumnado en prácticas supone un quebranto económico y de gestión. Por otro lado, en el decreto aprobado por el Gobierno central no parece quedar del todo claro quién tiene que hacerse responsable de dichas cotizaciones. De ahí que las empresas ya estén anunciando que no continuarán recibiendo a alumnos en prácticas, lo que podría suponer que el coste de los gatos de la Seguridad Social recaiga sobre las instituciones públicas.

 

 

El Ilustrador

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