Deuda millonaria de Fomento por los recortes en el convenio de carreteras

convenio de carreteras

Trabajadores del Cabildo de Gran Canaria en carreteras

El Tribunal supremo eleva a 290 millones la deuda del Estado con el Gobierno de Canarias por los recortes sufridos en el archipiélago en 2012 y 2013

De manera unitaleral, el Estado español decidió recortar los fondos destinados al convenio de carreteras suscrito con el Gobierno de Canarias. La decisión, que coincidió con los tiempos de crisis, provocó una significativa rebaja de las inversiones en carreteras, privando al archipiélago de los fondos necesarios para llevar a cabo las intervenciones pertinentes en su red viaria.

El convenio de carreteras suscrito con el archipiélago suponía “la obligación de la Administración del Estado de transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias las cantidades comprometidas en el citado convenio para la anualidad de 2013 y sucesivas”. El Tribunal Supremo se reafirma en el carácter vinculante de estos convenios, por lo que finalmente ha fallado a favor del Gobierno autonómico.

El Supremo obliga al Estado a abonar las cantidades adeudadas a Canarias como consecuencia de los recortes en el convenio de carreteras

El convenio de carreteras entre el Gobieno central y el Ejecutivo regional tenía vigencia hasta 2017 y obligaba a la Administración del Estado a transferir determinadas cantidades destinadas a realizar importantes intervenciones en todas las islas.

Sin embargo, en 2012 y 2013, el Estado incumplió dicho convenio imponiendo medidas unilaterales de recortes que privaron al archipiélago de 700 millones de euros (la suma total de todo el período, desde 2006 hasta 2017). El Supremo considera que se trató de un incumplimiento injustificado de lo convenido, por lo que, en su sentencia del pasado lunes, obliga a la Administración del Estado a abonar las cantidades adeudadas, corrigiendo así una anterior sentencia de la Audiencia Nacional, que había avalado la posición del Ministerio de Fomento en los dos primeros recursos presentados por el Gobierno de Canarias. Así pues, el Estado deberá abonar en total una cantidad de 290 millones de euros en cumplimiento de la sentencia del Supremo.

 

 

El Ilustrador

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