Condenan al SCS tras un retraso diagnóstico y demoras en una intervención urgente

Condenan al SCS

HUC

Un dolor en una mano llevo al afectado a sufrir una nefasta asistencia médica durante 6 años

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado Sentencia estimando el recurso de apelación presentado por el letrado José Antonio Betes González, colaborador de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ en Canarias, y condena al Gobierno de Canarias y la aseguradora Mapfre a indemnizar a un paciente en la cantidad de 159.058 euros más intereses y costas.

Cronología de los hechos

El afectado, de 57 años en la actualidad, acudió en septiembre de 2011 a su médico de cabecera, porque tenía un dolor persistente y constante en la mano, concretamente en la muñeca derecha (tabaquera). Éste le diagnosticó “una tendinitis de Quervain”, sin hacer ninguna prueba diagnóstica de imagen y le prescribió Ibuprofeno para el dolor, reposo relativo y férula rígida para el primer dedo.

Dado que no mejoraba y no quedando conforme con la atención recibida, decidió cambiar de médico en el mismo centro de salud, pidiendo una primera cita lo antes posible, que se le concedió con el nuevo facultativo para el 28 de Febrero de 2012, el cual tras examinarle y comprobar la persistencia del dolor, le solicitó una radiografía en el centro de especialidades de San Benito (Santa Cruz de Tenerife), y una vez examinó la misma, le remitió al especialista en traumatología para solicitar más pruebas, dado que no tenía un diagnóstico claro.

Acudió al servicio de traumatología, en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC), el cual ordenó hacer una resonancia magnética que fue realizada el 23 de enero de 2013, y una vez obtuvo el resultado, le diagnosticó una pseudo-artrosis por desprendimiento óseo del escafoides (fractura escafoides).

El 3 de abril de 2013 le citaron para consulta con dicho especialista, y le comunicaron que tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Le incluyeron en la lista de espera ese mismo día.

El afectado aguardó en lista de espera quirúrgica desde abril de 2013 hasta el día el 1 de octubre de 2015, en que fue citado de nuevo en traumatología de dicho hospital, pero esta vez fue otra doctora, para decirle que iba a ser la especialista encargada de intervenirle y que “no existía ninguna prueba sobre su caso, por lo que había que repetirlas”.

La explicación fue que el traumatólogo anterior, se había jubilado y se “habían perdido todas las pruebas anteriormente realizadas”, por lo que habría que hacerlas de nuevo, para poder ella intervenirle quirúrgicamente, ya que sin esas pruebas no se podía. Le solicitaron una nueva resonancia actualizada (RMN) para el 5 de noviembre de 2015.

En las pruebas aparecían secuelas, en la antigua fractura del escafoides con necrosis y desplazamiento óseo. Entonces, se solicitó un TAC, para valorar la intervención (7 de enero de 2016); las imágenes del TAC, mostraban ya los cambios degenerativos óseos en las articulaciones y la pseudo-artrosis de la fractura del escafoides. Se programó la intervención para lo antes posible.

El 12 de febrero de 2016 se llevó a cabo la primera intervención quirúrgica en el CHUC, donde se practicó una artrodesis (parcial) con autoinjerto. Se colocaron 3 tornillos para fijar articulación. Se le ordenó rehabilitación.

El 9 de junio de 2016, el paciente acudió a revisión y manifestó que, a pesar de la rehabilitación, seguía con mucho dolor y con movilidad escasa. En la radiografía que se le realizó, se observaba que uno de los tornillos se había movido, pero le informó la traumatóloga “que estaba dentro de lo normal”.

El 8 de septiembre de 2016, acudió otra vez a control con la traumatóloga, a la que informó que el dolor persistía e incluso era más intenso que antes de operarse. Le realizaron un TAC solicitado por ella y se apreciaron cambios postquirúrgicos, con signos de aflojamiento de uno de los tornillos y que tampoco había pegado el injerto. Le comunicó que había que rehacer la artrodesis o convertir la artrodesis en completa, cosa que el paciente no deseaba. Le incluyó otra vez en lista de espera.

El 17 de noviembre de 2016, acudió de nuevo a cita de control y el paciente informó de que cada vez el dolor es más persistente y pidió una carta de prioridad para ser operado lo antes posible, ya que no veía mejoría, todo lo contrario.

El 23 de febrero de 2017, acudió a cita nuevamente, pero esta vez le comenta en la consulta, que habiendo tenido una cita con el médico rehabilitador del centro de salud de Tacoronte, quien valoró las últimas radiografías donde se apreciaba el desplazamiento del tornillo, “que bajo su criterio lo que había que quitar era ese tornillo y colocar uno más corto y de esta manera cesaría el dolor”. Lo cual se lo plantea a la traumatóloga, pero ésta dijo que: “está aún dentro de lo normal”. A partir de aquí redactó la primera de las cartas de prioridad el 23 de febrero de 2017, donde decía textualmente: “lo antes posible “NO MAS DE 2 MESES” y que la demora conllevará cambios articulares IRREVERSIBLE.”

El 29 de junio de 2017 la traumatóloga le hizo una segunda carta de prioridad, esta vez expresa: “URGE INTERVENCION por SECUELAS IRREVERSIBLES por DEMORAS EN LA INTERVENCION QUIRÚRGICA”.

El INSS concedió al paciente la Incapacidad Permanente Total, el 8 de agosto de 2017.

El 31 de agosto de 2017, ingresó en el CHUC para una segunda intervención quirúrgica y es nuevamente intervenido el 1 de septiembre de 2017, e informado después de la operación, que debido a los daños ocasionados por el tornillo que se había desplazado, no se le pudo rehacer la cirugía y se le tuvo que hacer la artrodesis total (fijación completa); el daño era tal, que tenía una ulceración sangrante en la zona del radio debido al tornillo.

Condenan al SCS

Al respecto, el TSJ de Canarias estima la tesis del letrado José Antonio Betes, en cuanto a que no existió prescripción de la acción para reclamar, dado que la misma surgió en el momento en que el afectado conoció el alcance definitivo de las secuelas, que es cuando puede valorarlo, y no desde la declaración de incapacidad laboral como sostenía la Administración y su aseguradora, reconociendo el Tribunal que hubo retraso en el diagnóstico acertado, también retraso en la atención del especialista y demora en la intervención quirúrgica que era urgente.

La defensa del caso ha sido tramitada por el Letrado D. JOSÉ ANTONIO BETES, especialista en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ en Canarias.

 

 

El Ilustrador

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.