Las CCAA están obligadas a multar el uso de las cláusulas abusivas

cláusulas abusivas

Tribunal Supremo

El TS sentencia que la Administración debe sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos sin esperar a que exista un pronunciamiento judicial previo

FACUA-Consumidores en Acción valora muy positivamente la reciente sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina legal que la Administración puede, y debe, sancionar la utilización de cláusulas abusivas por parte de cualquier empresa, “sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil” sobre la abusividad de dichas cláusulas.

Esta sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Teso, viene a dar la razón a la Junta de Andalucía, que recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba una multa de 81.000 euros que la Secretaría General de Consumo impuso a Unicaja por cuatro infracciones muy graves por introducir cláusulas abusivas en diferentes contratos.

Las comunidades autónomas se quedan sin excusas para sancionar la inclusión de este tipo de cláusulas abusivas en los contratos

FACUA ha denunciado reiteradamente que, con frecuencia, las autoridades de consumo de las comunidades recurren al argumento de que, mientras no existiera un pronunciamiento judicial que determinara si las cláusulas en cuestión eran o no abusivas, no se podía sancionar.

Con esta sentencia, eso se acabó: la Administración no podrá seguir eludiendo sus responsabilidades y deberá multar el uso de este tipo de cláusulas, sin esperar la decisión de un juez.

La sentencia del Supremo cuestiona el criterio del TSJA, que considera “erróneo y gravemente dañoso para el interés general”, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial. Para el Supremo, “la doctrina que sienta la sentencia recurrida desapodera a la Administración de la potestad sancionadora en la materia de consumidores y usuarios, concretamente en una actividad tan sensible como la introducción de cláusulas abusivas.

En cualquier caso, FACUA considera fundamental no sólo que las diferentes comunidades autónomas asuman el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo, sino que también apliquen estrictamente el marco sancionador. Las leyes estatal y autonómicas de defensa de los consumidores establecen que las sanciones pueden representar el comiso de entre una y diez veces -dependiendo de la comunidad autónoma- la cuantía defraudada o el valor de los productos con los que se haya cometido el fraude.

 

El Ilustrador

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