Canarias recurre al TC la Ley de la Administración Local

Para el Ejecutivo la norma vulnera la autonomía local e invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma.

El Gobierno de Canarias ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad contra Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En opinión del Ejecutivo de Paulio Rivero “han usado la reserva de competencia sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y hacienda general y deuda, para establecer controles legales sobre las administraciones locales”.

“No resultan admisibles constitucionalmente por comprometer la autonomía local, así como por invadir competencias autonómicas, tanto en determinados sectores, como en materia de régimen local, contenidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias”, aseguran.

Pese a los argumentos esgrimidos por la propia norma en su exposición de motivos, vinculados a la mejora de la organización, competencias y eficiencia de las administraciones locales, el Gobierno de Canarias considera que el objetivo real que se persigue el Gobierno de España con esta Ley es modificar el modelo de Estado reduciendo el papel de los ayuntamientos sobrecargando a las comunidades autónomas con competencias y propiciando la privatización de servicios en beneficio de empresas privadas y perjuicio de la ciudadanía. “Todo ello, sin tener en cuenta los límites constitucionales establecidos y que todos los niveles de la Administración Pública están obligados a respetar”.

Desde el Gobierno de Canarias recuerdan que la norma “ha sido aprobada sin negociación y está contestada desde distintos sectores, tanto por los problemas de aplicación que está teniendo, como por entender que desborda el marco constitucional de la autonomía local y autonómica”. Además, la Ley ha sido recurrida ya por diputados y senadores, así como por entidades locales y otros gobiernos autonómicos, alguno de ellos gobernado por el Partido Popular.

El Ejecutivo canario concluye asegurando que la aplicación práctica de esa reforma estatal resulta “tan farragosa” que causa inseguridad jurídica a las administraciones locales, a los ciudadanos y las empresas prestadoras de servicios.

 

El Ilustrador

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