Canarias asegura que no habrá peajes en las islas

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FACUA alerta de que esta medida terminará perjudicando a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo

El Gobierno de Canarias ha garantizado que los conductores que circulen por las carreteras de interés general del Archipiélago, consideradas como de alta capacidad y de titularidad de la Comunidad autónoma, no tendrán que hacer frente al pago de peajes a partir de 2024, tal y como prevé el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno del Estado ha enviado a la Comisión Europea.

Según el Gobierno de Canarias, este Plan incluye el pago de tasas por el uso de todas las vías de alta capacidad nacionales y regionales del territorio peninsular como forma de mitigar las emisiones contaminantes de los vehículos a motor.

La Ley 9/91 de Carreteras de Canarias, recoge expresamente en su artículo 22.2, dentro del Capítulo dedicado a la explotación de las mismas, lo siguiente: “Cada carretera será explotada directamente por su titular y su utilización será gratuita”. La Consejería considera que este argumento evidencia que no puede haber una imposición de tasas por el uso de las autovías y vías de alta capacidad de Canarias, ya que forman parte esencial de la red medular de conectividad y transporte de un territorio fragmentado como el del Archipiélago.

Peajes en todas las carreteras

FACUA-Consumidores en Acción rechaza que el Gobierno estatal esté planteando una ley que supondrá cobrar un peaje a todos los usuarios por el uso de las carreteras, tanto estatales como regionales, a partir del año 2024.

El texto que ha enviado ya el Ejecutivo a Bruselas recoge la medida de un «mecanismo de pago» para avanzar hacia «la internalización de los costes internos» bajo el principio del «usuario pagador» y de que «quien contamina, paga». El Gobierno también indica que pretende la implantación de este pago primero en la red de alta capacidad (autopistas y autovías) y posteriormente a otras redes «de forma progresiva».

En este sentido, la asociación considera que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para que el mantenimiento de las vías salga de los impuestos directos de los ciudadanos.

FACUA, además, advierte de que esta medida terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública. Aunque el Gobierno sugiere implantar «reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos» no concreta estos aspectos.

De igual forma, esta medida supondría un claro perjuicio para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos, que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios, hospitales, etc. Además, la asociación también critica que esta solución planteada por el Gobierno consistiría en un auténtico copago o repago, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.

 

 

El Ilustrador

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