La justicia desestima el recurso presentado por la Asociación de Constructores en Gran Canaria

El Tribunal Administrativo sobre Contratos Públicos del Cabildo de Gran Canaria considera además que hubo mala fe en las actuaciones de la Asociación y la condena al pago de una multa por temeridad

Las obras de conservación de carreteras metropolitanas de la isla fue licitada el pasado mes de marzo por un total de 24 millones de euros. A finales de ese mismo mes, la presidenta de la patronal , María Salud Gil presentaba un recurso en nombre de la Asociación de Constructores alertando de determinadas deficiencias en los pliegos de condiciones y exigiendo la suspensión del plazo de presentación de solicitudes en tanto que dichos errores eran corregidos.

El Tribunal estimó parcialmente su recurso en lo referente a la dotación mínima del personal para las operaciones de ayuda y en la insuficiencia de información sobre el equipamiento de cada túnel, por lo que el Consejo de Gobierno procedió a aprobar estas rectificaciones.

Como consecuencia, ordenó devolver las ofertas presentadas, publicó nuevamente el pliego, y concedió un nuevo plazo de presentación de ofertas, acto contra el que la Asociación de Empresarios de la Construcción (AEC) volvió a presentar un escrito para formular “recurso de reposición” y anunciar la “interposición del correspondiente recurso especial”.

La Asociación de Constructores de Las Palmas se contradice en la exposición de sus argumentos

La patronal ahora considera que no cabe modificar los pliegos, sino proceder a una nueva licitación, que no cabe devolver las ofertas presentadas y que no son errores materiales, sino sustanciales y pide desistir del concurso porque corregirlo lo considera una “desviación de poder”.

El Tribunal rechaza estas afirmaciones porque los errores no afectan ni al objeto, ni al precio ni a los criterios de adjudicación, así que no los considera ni graves ni sustanciales y procede la modificación.

Resulta “total y absolutamente contradictorio” que la recurrente pretendiera corregir los mismos defectos que ahora denuncia como sustanciales para pretender una suspensión del concurso, cuando además la subsanación contó con todas las garantías legales, incluido su paso por Consejo de Gobierno insular.

Así pues, el Tribunal, explica, no cabe desistir del concurso, un supuesto que debe cumplir estrictos requisitos de interés público y graves errores no subsanables, entre otros. Además, la justicia ha decidido castigar la conducta incoherente de la Asociación de Constructores. En este sentido, el Tribunal “observa temeridad” en las actuaciones y le impone una multa de un mínimo de mil euros acorde con la normativa vigente.

 

El Ilustrador

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