Aquí no cabe la privatización de Aena

Carlos Castañosa

Por favor, que alguien  explique lo que está pasando.

El Estatuto de Autonomía de Canarias (L.O. 4/1996) contempla, en su artículo 33: – A la Comunidad Autónoma le corresponde la competencia de ejecución en las siguientes materias…: – Punto 13 (exclusivo para Canarias): Puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.

Está claro que en el proceso ya iniciado de privatización de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) el Estado no puede privatizar los aeropuertos canarios. Solo  transferir su gestión a las autoridades autonómicas.

No parece tener cabida legal la posibilidad de que este negocio caiga en manos privadas que, por correlación con otros casos ya privatizados de sectores estratégicos, terminaría en poder de empresarios demasiado “puntuales”  y/o de multinacionales extranjeras; con las gravísimas consecuencias, fácilmente previsibles, contrarias a los intereses de la población.

El turismo, abanderado por los responsables locales como columna vertebral de la economía canaria, se vería afectado por otro nudo de corbata demasiado apretado para mantener el tipo disimulando la congestión en la cara. Solo nos faltaba un nuevo hándicap añadido para un desarrollo, bastante sometido ya por otras limitaciones que suelen maquillarse con triunfalismos estadísticos de número de pernoctaciones e incrementos sucesivos de afluencia de visitantes.

Pero en un esfuerzo de realismo, podemos y debemos considerar la precaria calidad y escasa rentabilidad efectiva de un negocio institucional, que adolece de demasiadas ataduras que estrangulan una parte importante del potencial correspondiente a unas privilegiadas condiciones geoestratégicas, únicas en el globo terráqueo, y dignas de ser emporio mundial del turismo.

Sin embargo, el grueso de la riqueza generada pasa de largo, y el turismo de calidad apenas es un símbolo ilusorio.

El boom turístico se centró en la construcción masiva de hoteles que hoy, a pesar del constante incremento de ocupación, no generan puestos de trabajo de una mínima calidad, porque los beneficios son paupérrimos.

Los turoperadores extranjeros imponen su ley y son los máximos  beneficiarios  de este negocio, en el que definen y deciden el perfil de sus clientes, gestionan los paquetes del “todo incluido” y pretenden la exclusividad en los hoteles de lujo para terminar controlando los precios a la baja.

La ausencia de una aerolínea chárter autóctona redunda en que este trozo de tarta también se lo coman otros de fuera: las compañías Low Cost que, para colmo, se subvencionan con nuestro dinero público para beneficio de empresarios foráneos.

Los reiterados vertidos fecales en todo nuestro litoral son elemento suficientemente disuasorio si se pretende fidelizar visitantes.

¡Y el negocio de AENA! Las tarifas aeroportuarias generan beneficios millonarios que se centrifugan hacia intereses metropolitanos y se despilfarran en obras faraónicas de suntuosas terminales y aeropuertos fantasmas.

La situación actual es propicia para rescatar esta parte de los derechos ciudadanos si, por esta vez, se consigue imponer la firmeza suficiente en la negociación para que nadie nos vuelva a vender más “espejitos” y “baratijas”. Si me engañan una vez, la culpa es de ellos. Pero la segunda, la culpa será mía.

Esperemos que el senador Narvay Quintero y la diputada Dña. Ana Oramas, los dos únicos pilares que “saben” y, además, plantan cara desde el conocimiento y voluntad reivindicativa en este ámbito aeronáutico tan específico, que no se encuentren solos en la lucha que se avecina y sean respaldados desde todos los estamentos canarios, sin reservas y desde la buena fe.

 

 

Carlos Castañosa

elrincondelbonzo.blogspot.com

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