Anulan la licencia de obras del canódromo de Las Palmas de Gran Canaria

canódromo de Las Palmas de Gran Canaria

Una de las torres del canódromo de Las Palmas de Gran Canaria

Ecologistas en Acción recuerda que Schamann es un barrio con una edificabilidad agotada

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado sentencia en la que se ha declarado la nulidad del PGO 2005, por ser una réplica exacta del PGO 2000 y del Plan Especial de 2003, ambos declarados nulos por el Tribunal Supremo en 2014, en un pleito en el que el Alto Tribunal no entró a enjuiciar en PGO 2005 –que en consecuencia, quedó imprejuzgado-.

«Por primera vez un Juzgado se pronuncia declarando la nulidad del PGO 2005, transmitiendo dicho vicio invalidante a la licencia de obras de 2006 y su prórroga de 2008, deteniendo la huída hacia adelante del Ayuntamiento que durante todos estos años ha hecho todo lo posible porque Realia Business, S.A. materialice su pelotazo urbanístico», denuncian desde Ecologistas en Acción.

Los ecologistas critican las gestiones del Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria «en contra del criterio del Tribunal Supremo, que desde 2014 dejó claro que Schamann es un barrio con una edificabilidad agotada, absolutamente deficitario en cuanto a ratios de dotaciones, equipamientos y espacios libres, en que no cabe añadir más población que agrave las reseñadas carencias. La construcción de esas torres supondría la incorporación de casi 500 nuevos pobladores, lo que incidiría de manera directa y especialmente negativa en la calidad de vida de los actuales vecinos de Schamann, el barrio más densamente poblado de Canarias, con el doble de densidad de población que el segundo con mayor densidad».

En un comunicado, Ecologistas en Acción explica que la decisión sobre las torres del canódromo de Las Palmas de Gran Canaria «es un espaldarazo claro a los vecinos del barrio, que desde hace prácticamente dos décadas han decidido plantar cara a una operación especulativa a costa de su calidad de vida, por lo que están de enhorabuena, y no solamente ellos, sino todos los habitantes de la ciudad».

La asociación concluye criticando que «si la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fuera mínimamente responsable, acataría la resolución del Juzgado, que no puede estar más fundada en Derecho, haciéndose eco del criterio del propio Tribunal Supremo; aunque atendiendo a los precedentes, no nos sorprendería que el Ayuntamiento recurriera esta sentencia en apelación, dilatando la resolución del conflicto, y propiciando que la mercantil promotora se apresure como lleva tiempo haciéndolo, en construir y consolidar en todo lo posible su promoción, para que cuando llegue el momento de su demolición, la indemnización que deba abonarle la ciudad sea lo más elevada posible».

 

 

El Ilustrador

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