Anulación de la privatización de Emmasa

La empresa pública insiste en que sus contrataciones se ajustan ‘inequívocamente’ a la legalidad.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el que quedaba anulada la privatización de la empresa pública de aguas Emmasa por lo que el Consistorio tenía la obligación de volver a realizar el concurso o de quedarse con la gestión del abastecimiento y el tratamiento del agua.

Dicha sentencia fue emitida en 2009 en base a lo que se entendía como “un grave perjuicio para el interés general” y ha quedado ratificada ahora por el Supremo, que además obliga al Ayuntamiento correr con las costas procesales.

Desde Emmasa se reitera que las actividades subcontratadas y complementarias a sus servicios se han realizado con el objetivo de mejorar el sistema y ajustándose a la legalidad, sin ceder en ningún caso la gestión y administración de la empresa.

 

 

 

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