Al otro lado de la tortilla

Trabajadores

Desde el Servicio Canario de Empleo nos llega la información de que un importante número de personas paradas rechazan el empleo que se les ofrece. Lo primero que se les pasa por la mente es la palabra “fraude” porque, tal como están las cosas, ¿a quién se le ocurre rechazar un empleo? Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido pensar que tal vez las condiciones laborales ofrecidas son tan precarias que no resultan atractivas. Y es que lo dice la sabiduría popular: “Ir pa’ na’, es tontería”.

 La alarma ha saltado al comprobar las cifras que se manejaban en el sector de la construcción. Un plan de reinserción laboral tenía programado la contratación de 387 personas en situación de desempleo. De esas 387 plazas, 148 tenían que ser cubiertas en Tenerife y el resto en Gran Canaria. Para esos 148 puestos de empleo se ha contactado con 393 desempleados de los que 143 rechazaron la oferta y 47 no contestaron a la citación. Hasta aquí, el informe nos aporta cifras exactas. Si nos quedáramos sólo con esto y con la afirmación sentenciosa de que la mayoría de los que rechazaron el empleo alegaron que no les interesaba el tipo de contrato que se les ofrecía, terminaríamos llegando a la conclusión de que si, efectivamente, esos desempleados que rechazan el empleo además cobran una prestación, estarían incurriendo en un delito de fraude.

Pero como los dilemas legales son, muchas veces, dilemas morales, tendremos que darle la vuelta a la tortilla y ver qué nos encontramos del otro lado. Y es probable que al girar la sartén veamos que la cara b de todo este entuerto está empezando a quemarse. Saquemos cuentas nuevamente, aunque esta vez, imaginarias. Supongamos que un tal Manolo trabajaba en la construcción y, de repente, se queda sin empleo. Manolo cobraba un sueldo que rondaba los 1.300 euros, por lo que la prestación por desempleo se le queda en unos 800. Manolo ha trabajado toda su vida, por lo que tiene casi dos años de paro. Después de varios meses intentando meter la cabeza en una nueva obra de unos antiguos jefes, Manolo se da cuenta de que la cosa está muy complicada. Una mañana lo llaman del INEM y le ofrecen participar en un programa de reinserción laboral con el que va a estar seis meses de práctica -para “aprender” un oficio que ya tiene más que sabido- y luego tendrá opción a un contrato por obra y servicio cobrando 900 euros brutos. Manolo se lo piensas –no se vayan a creer que es tonto el tipo- y llega a la conclusión de que le compensa más quedarse en casa con sus 800 euros de prestación, a la espera de que salga algo a la altura de su experiencia. Inem

Desde el punto de vista legal, sería fraude. Desde el punto de vista del sentido común, se llama “inteligencia”. No instigo a una “revolución del proletariado” basada en la negativa ante cualquier intento de mejora y tampoco creo que una actitud pasiva sea la más recomendable para salir de la crisis. Pero las instituciones y sus departamentos de Recursos Inhumanos deberían tener  en cuenta que su objeto de trabajo no son códigos de barra que uno puede encajar en cualquier hueco. A diario nos llegan mensajes sobre la necesidad de abrirse a nuevos horizontes laborales, pero qué nuevos horizontes puede descubrir una persona que lleva 30 años dedicándose a lo mismo o un recién licenciado que se ha dejado los ahorros en cursar una carrera, sacar un título de postgrado y estudiar idiomas… Ésta sí que es una actitud fraudulenta, vendernos una moto que no funciona. Y éste es el tipo de cosas que hacen que una persona se desanime buscando empleo. Un tipo que se queda en casa “mamando” del Estado porque, de entre todo su horizonte de posibilidades, ésta es la más rentable, no comete un fraude peor que el de aquellos que lo han defraudado con sus políticas de reinserción, recualificación y desarrollo a un coste irrisorio.

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Vagabundo Pérez

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