Agroisleña pide ayuda al Ministerio de Asuntos Exteriores

Los empleados y los propietarios de la empresa viven con incertidumbre los propósitos de expropiación de Hugo Chávez.

Alrededor de mil trabajadores dependen de la empresa canaria afincada en Venezuela, Agroisleña. Tras conocer que el Gobierno de Venezuela ha firmado un Decreto por el que se ordena la expropiación anunciada por Hugo Chávez, Agroisleña se ha convertido en una de tantas empresas “amenazadas” por este proceso que afecta a 20.000 agricultores y familias en todo el país. La empresa, fundada hace 52 años por el empresario tinerfeño Enrique Fraga Afonso, el acutal gerente de Agroisleña -Davis Santana, nieto del fundador- solicitó la mediación del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Asuntos Exteriores para impedir que se produzca la expropiación y, en caso de que esto sea inevitable, abrir un período de negociación con el Gobierno de Venezuela, aunque Santana teme que estas empresas “nunca serán compensadas” con el valor real de la compañía.

 

 

 

 

 

 

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