Admiten parcialmente un ERE del Ayuntamiento de Gáldar

El Gobierno de Canarias aprueba los 87 despidos temporales de seis meses y 17 jubilaciones.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha informado de la estimación “parcial” del Expediente de Regulación de Empleo -ERE- presentado por el Ayuntamiento grancanario de Gáldar al contemplar como “temporales y no definitivas” 87 suspensiones de empleo público y 17 prejubilaciones.

Ramos ha explicado que en fase de recurso el Consistorio retiró su pretensión de extinguir 37 puestos de trabajo y ha insistido en la importancia de que no se permiten las extinciones per se, por lo que las suspensiones temporales serán de seis meses. Con respecto a las prejubilaciones, ha apuntado que “no se perjudica a los trabajadores ya que estos podrán acceder a las prestaciones por desempleo y la posterior prejubilación al llegar a los 64 años y además existe el compromiso del Ayuntamiento de compensar económicamente los déficit de ingresos que podrían darse”.

“Se trata de una resolución que apuesta por la suspensión temporal como medida paliativa para que el Ayuntamiento supere una difícil situación presupuestaria y de organización de sus recursos humanos”, ha subrayado Ramos que ha recordado además que en un primer momento la Dirección General de Trabajo no autorizó el ERE porque el Consistorio no había aportado un plan de estabilidad presupuestaria, ni un plan de reorganización de los recursos humanos tal y como establece la normativa vigente.

Según Ramos, la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -TSJC- de suspender el plan de organización de recursos humanos presentado por el Ayuntamiento no tiene por qué afectar al expediente de regulación de empleo admitido, ya que éste cumple los requisitos administrativos contemplados en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Además la autoridad laboral no tuvo conocimiento del mismo durante la tramitación. Ha indicado que la suspensión del plan discurre de forma “independiente” a la resolución administrativa dictada por la Consejería de Empleo.

 

 

 

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