Reabierto el proceso para la adjudicación de licencias de radio

adjudicación de licencias de radio

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Una sentencia del TSJC obliga a repetir la baremación del concurso público

El Gobierno adjudica 155 licencias de radio
Nuevas irregularidades en el concurso de licencias audiovisuales

La adjudicación de licencias de radio en el Archipiélago estuvo rodeada de polémica desde el comienzo del procedimiento. En 2010 la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias convocaba a los licitadores para el reparto de licencias: de las 642 propuestas presentadas se otorgaron 156 y más de una treintena de pequeñas emisoras se vieron obligadas a cerrar.

Irregularidades en la adjudicación de licencias de radio

La Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) considera probadas las alegaciones que muchos de los medios perjudicados presentaron tras la resolución del concurso. Según ha quedado probado, el Gobierno de Canarias modificó los criterios prefijados en las bases de la convocatoria tras haber recibido las plicas de los licitadores.

Estos criterios y subcriterios introducidos con posterioridad a la convocatoria beneficiaron a tres grupos mediáticos próximos a los intereses del Gobierno en detrimento de muchas emisoras que no tuvieron opción de planear soluciones a los nuevos requerimientos.

Así pues, la adjudicación de licencias de radio se realizó de manera irresponsable y en base a criterios interpretativos al margen de lo que se establecía en las bases iniciales, limitando el acceso a numerosas emisoras y obligando, en el peor de los casos, al cierre de muchas de ellas.

El TSJC exige la retroacción de todas las actuaciones

La sentencia judicial contra el Gobierno de Canarias ha sido contundente. Ante el recurso presentado por el letrado Carlos Cabrera, el TSJC ordena en su sentencia “volver a valorar eliminando los criterios que han sido anulados y siguiendo las pautas interpretativas que establece el propio tribunal e incluso la exclusión de las altas puntuaciones que se dieron”.

Esto no sólo obliga al Gobierno de Canarias a baremar nuevamente todas las ofertas presentadas en 2010 sino a pagar las costas de un procedimiento judicial Contencioso-Administrativo que llevaba años esperando por una resolución definitiva.

El Ilustrador

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