Se han practicado registros en almacenes y buques en Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Zaragoza.
La Guardia Civil en el marco de la operación refresco, desarrollada en Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Zaragoza, ha intervenido más de 150.000 kilos de gases R-22, utilizado por buques pesqueros, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea, por ser perjudiciales para la capa de ozono.
En la operación se ha puesto a disposición judicial a 97 personas por el comercio ilegal de este gas y se ha procedido al registro de 16 sedes y almacenes de diversas empresas así como a la inspección y reconocimiento de 7 buques de distintas nacionalidades.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, cuando se tuvo conocimiento de que varias empresas realizaban operaciones comerciales con R-22, ya que dicho gas tiene la capacidad de generar frío en barcos pesqueros para congelar en alta mar el producto de la pesca.
