22 detenidos en Gran Canaria por vender contratos de trabajo falsos

El líder de la trama falsificaba la firma de los empresarios en los contratos de trabajo y los vendía a ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que presuntamente realizaba contratos de trabajo falsos a inmigrantes en situación irregular. Estaba encabezada por un asesor fiscal, con oficinas en Maspalomas y Las Palmas de Gran Canaria, y en total han sido detenidas 22 personas en la capital canaria. El líder de la trama falsificaba la firma de los empresarios en los contratos de trabajo y posteriormente los vendía a ciudadanos extranjeros en situación irregular, por cantidades que oscilaban entre los 800 y los 2.000 euros. La red habría defraudado unos 90.000 euros a la Seguridad Social.

La investigación se inició en el mes de diciembre de 2014, a raíz de la denuncia de una mujer de nacionalidad española que manifestaba haber sido víctima de una estafa. En concreto, explicó a los agentes que había pagado la cantidad de 1.400 euros por un contrato de trabajo con el que pretendía regularizar la situación en el país de su marido, de nacionalidad marroquí.

Tras varias pesquisas los investigadores averiguaron que quien se encargaba de realizar los contratos falsos era un asesor fiscal. Este individuo utilizaba la documentación de empresas clientes de la gestoría de su propiedad. En primer lugar falsificaba la firma de los empresarios en los contratos de trabajo y posteriormente los vendía a ciudadanos extranjeros en situación irregular.

El líder de la trama contaba con un intermediario en las zonas de ocio nocturno del sur de la isla de Gran Canaria, de nacionalidad marroquí, quien se encargaba de captar a los ciudadanos extranjeros, en su mayoría de origen magrebí y subsahariano.

Una vez eran captados los ciudadanos extranjeros y, aprovechándose de la situación de necesidad que estos tenían por su situación irregular en España, el asesor fiscal les cobraba por el contrato de trabajo ficticio que estos aportaban junto a sus solicitudes de autorización de residencia y trabajo ante la Subdelegación del Gobierno. Cuando les era concedida dicha autorización por la Administración, les hacía pagar nuevamente por el alta laboral en el régimen de la Seguridad Social, siendo dados de baja en las empresas a los pocos meses de conseguir la residencia. Los investigadores estiman que las ganancias generadas por los máximos encartados de estas acciones delictivas podrían alcanzar los 50.000 euros.

 

 

 

El Ilustrador

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.