El transporte público es un derecho y no puede estar sujeto a contingencias económicas

El periódico Diario de Avisos, de Santa Cruz de Tenerife, publicó el viernes 4 de septiembre un artículo firmado por Jessica Moreno, en el que se da cuenta de los recursos que dedica el Cabildo Insular a descuentos en transporte público, así como de la cantidad de personas y colectivos que acceden a ellos.

Según dicha información, se destinan 15 millones de euros a financiar los bonos sociales y son 62.000 las personas de distintos colectivos que se benefician de descuentos. De esa cantidad, unas 3.000 personas perciben bonos sociales que les permiten viajar de forma totalmente gratuita. Al final del artículo se hace mención a un “colectivo de mayores” que ha pedido a la Corporación Insular que aumente el número de personas acogidas a estas últimas bonificaciones.

Suponemos que ese “colectivo de mayores” al que se refiere el artículo es la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas, que viene impulsando una campaña ciudadana, con notable apoyo social, para exigir al Cabildo bonos gratuitos de transporte para todas las personas de cualquier colectivo, no sólo pensionistas, con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

En una situación de grave emergencia social como la que atraviesa Tenerife, con 120.000 personas en paro y más del 25% de la población en situación de exclusión, es inadmisible que sólo 3.000 personas puedan acceder a bonos de transporte gratuitos. Además, en un contexto de grave crisis para las economías familiares, son muchas las personas que no pueden hacer frente al gasto que supone la compra de los diferentes tipos de abonos de transporte existentes.

Entendemos que es responsabilidad de las Administraciones Públicas, y en este caso del Cabildo, facilitar la movilidad de las personas como elemento esencial de su calidad de vida. La búsqueda de trabajo, el acceso a la formación y a los servicios, e incluso la más elemental vida social, exigen poder desplazarse utilizando el transporte público, urbano e interurbano. Y aquellos que por sus circunstancias económicas no puedan hacerlo deben contar con las ayudas necesarias para ello. Todos, no sólo una reducidísima parte de los mismos.

Las diferentes reuniones que la Plataforma ha mantenido con los responsables de movilidad del Cabildo no han conducido a nada; pues, según argumentan, los resultados económicos de la empresa de transportes y el descenso del número de viajeros imposibilitan acceder a la petición de la Plataforma y de los más de 7.000 ciudadanos y ciudadanas que se han adherido a la misma. Parece que olvidan que son ellos, los responsables de la gestión del transporte público en la isla, quienes deben apostar porque éste sea económico y eficaz, para que los potenciales usuarios opten por utilizarlo y dejen el coche particular en casa. Sólo con un transporte público eficaz aumentará el número de usuarios del mismo.

Hay dinero para carreteras (el tan traído y llevado Cierre del Anillo Insular, por ejemplo), es decir, para los propietarios de coches privados que circulan o circularán por ellas; pero no hay dinero para que la gente pobre pueda circular también por esas vías construidas con fondos públicos, o sea con el dinero de todos.

En definitiva, entendemos que desplazarse en transporte público es un derecho y que es el Cabildo quien tiene que garantizarlo, activamente y para todas las personas afectadas.

Seguiremos insistiendo.

Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas deTenerife

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