Canarias exige la suspensión cautelar de la privatización de AENA

El Gobierno regional anuncia la interposición de un recurso contra la privatización y la salida en Bolsa de la empresa.

El Gobierno de Canarias exigirá ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del proceso privatizador del 49 por ciento del capital social de AENA, al menos en lo que concierne a los aeropuertos del Archipiélago. Después de que el Consejo de Ministros de hoy haya acordado iniciar la segunda fase del proceso y sacar a Bolsa el 28 por ciento de la empresa.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno autonómico, Domingo Berriel, ha insistido en que “el Estado pretende vender lo que no es suyo”, en referencia al artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se incluyen textualmente dentro de las competencias de ejecución de la Comunidad Autónoma, los puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.

Berriel recordó que, desde el inicio del proceso de privatización, el Gobierno de Canarias ha manifestado al Estado su desacuerdo con la privatización parcial de AENA, en lo que respecta a los aeropuertos de una Comunidad, reconocida como Región Ultraperiférica por la Unión Europea, entre otros factores, por la especial dificultad de sus habitantes en la conectividad con el resto del territorio europeo, agravada en el caso de Canarias por su condición de Archipiélago y, por tanto, por su territorio fragmentado, que convierte a la infraestructura aeroportuaria en fundamental para la cohesión social, además de estratégica para el desarrollo económico.

La Comunidad Autónoma ha planteado al Ministerio de Fomento que la fórmula de gestión de sus aeropuertos debería ser parecida a la de las Autoridades Portuarias, con participación del Estado, las Administraciones autonómicas y locales y de los principales operadores y sindicatos.

El Gobierno de Canarias considera que el continuar adelante con la privatización de AENA, cuando todavía no se ha resuelto la negociación con la Comunidad Autónoma y cuando se acaba de admitir a trámite un recurso contra las actuaciones del Consejo de Ministros que la sustentan, “sería cuando menos un acto de irresponsabilidad” y que, de fallar los tribunales a favor de las tesis del Gobierno autónomo, podría suponer un serio quebranto económico a las arcas del Estado y, por tanto, ir contra el interés general de todos los ciudadanos.

 

 

 

El Ilustrador

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