El control del gasto público de los Sanedrines

José Manuel Adán

El Sanedrín, según el DRAE es el “Consejo supremo de los judíos, en el que se trataban y decidían los asuntos de Estado y de religión” otra acepción la define también como “el sitio donde se reunía dicho Consejo”.

Por similitud, en España puede considerarse la existencia de muchos “Sanedrines”, ya que la Constitución Española, al determinar la organización del Estado en Municipios, Provincias , Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas, además de los Cabildos Insulares, gozando todas estas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, incide en la multiplicación de “Sanedrines”, lógicamente no para tratar de asuntos de religión pero sí entre otros, los de Estado que directa o indirectamente les afecte.

Los miembros de estos “Sanedrines”, dada la alta importancia que creen tener en los asuntos de que tratan, piensan que deben ser irresponsables en cuanto a la logística que está puesta a su servicio, así viajes, mobiliario, ordenadores, no son sino meros instrumentos de su excelso trabajo y a dichos héroes de la patria ¡quien osará pedirles cuentas! Los “Sanedrines” además se multiplican con los de las empresas públicas (todas las del sector público) incluidas las municipales, provinciales, autonómicas, estatales.

Todas las sociedades mercantiles privadas con objeto de tener información sobre los actos económicos que realizan deben incluir en su estructura un órgano de control interno, que deberá rendir cuentas al propietario de la sociedad y someterse a un control externo o auditoria externa, independiente del propietario de la empresa, que verifique que los estados financieros son fiel reflejo de los actos económicos realizados durante un ejercicio determinado. Si ello es así en el manejo de los fondos privados, con mayor motivo debe ser esta una regla en el manejo de los fondos públicos, porque estos fondos no son de los empleados públicos sino para los empleados públicos y para que cumplan su función. Esto no parece que lo entiendan los políticos. Sin embargo, los controles tanto interno como externo en el sector público no funcionan adecuadamente, llegando a ser más ornamentales, a pesar de la inmensa capacidad potencial que tienen, de ahí los casos de corrupción que en estos días florecen.

Si solamente nos centramos en los “Sanedrines” que consideramos más importantes reuniríamos en ésta gavilla el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas.

La C.E. establece en su artículo 136 que “El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales” “Las cuentas de Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.” Pero ¿hubo alguna vez alguna censura a las cuentas presentadas por las Cortes (Congreso y Senado) por parte de dicho Tribunal? Si tenemos en cuenta que sus miembros son elegidos entre los afines y miembros de los partidos políticos, el Tribunal en este sentido deviene completamente fallido.

Así, de los dos controles que tienen las Cortes, el externo no es tal control. Veamos el interno. En la Administración General del Estado, cualquier viaje de un funcionario debe ser autorizado por un superior después de razonar los motivos y necesidad del viaje, autorizado el viaje se le anticipa un suplemento y después del viaje se le liquida, por lo general mediante el procedimiento de caja fija. Pero, en el caso de un Diputado o Senador que desee ir a las islas Hespérides a ver a una sirena, y no una sola vez, ya que las sirenas son muy atractivas, sobre todo si proceden de Colombia y pueden ir hasta más de tres veces diez ¿Quién es el superior que debe autorizar el viaje, teniendo en cuenta que son todos iguales y no parece que exista un “primun inter pares”? No hay superior. El procedimiento es más simple, teniendo en cuenta que ya son mayorcitos como para rendir cuentas y que además son personas de bien ya que la demanda de permiso a alguien , supondría una humillación y que por eso son Diputados o Senadores y la creencia de que sus viajes son siempre motivados y en beneficio, como no puede ser de otra forma del Congreso o del Senado ¿Cómo se va a negar que viajen cuando quieran, cuantas veces quieran, con quien quieran, y para reunirse con quien quieran?. Faltaría más. Así simplemente, tanto Diputados como Senadores reciben un cheque en blanco para su viaje que rellenan y entregan a la Agencia de Viajes con la que trabajan Congreso o Senado. Las Agencias facturan a dichas instituciones que abonan los gastos respectivos. No existe control interno creible.El Presidente del Congreso o el del Senado, deberían responder por ello. En mi opinión debería establecerse un procedimiento interno, mediante el cual el presidente de cada grupo parlamentario se hiciera responsable de las autorizaciones de los viajes o el uso indebido de bienes y servicios con cargo al erario público de los diputados de su grupo. En última instancia el Presidente del Congreso o del Senado, debería tener la responsabilidad. No olvidemos el cariño a los viajes al extranjero que los Diputados y Senadores tienen y que descubren nada más llegar al hemiciclo o a vivir en los “hoteles palas”, teniendo en cuenta que en algunos casos incluso reciben dietas a sabiendas de que viven en Madrid si el Diputado o Senador lo es por alguna provincia distinta de la de Madrid.

Esta situación se repite en los órganos judiciales con la excepción del Consejo de Estado, único que tiene como órgano de control interno un Interventor Delegado de la Intervención General del Estado, aunque teniendo en cuenta la suavidad de la fiscalización previa, la eficacia de la misma debe ser mejorada.

En el resto de órganos judiciales, el control interno ni siquiera es de la Intervención General, los jueces, como los Diputados y Senadores no tienen un primun inter pares (el Presidente del CGPJ y del Supremo por unos viajes no justificados debió dimitir tras cinco viajes privados a Marbella) y el control interno es prácticamente ineficaz, todo se queda en la olla de dichos órganos y el control externo del Tribunal de Cuentas es inexistente o perfectamente ineficaz.

Ahora se trata de parar la ola de indignación que existe en la ciudadanía por los casos de corrupción. Pues bien es hora de conocer por la vía de la transparencia cual es el sistema de control interno de cada uno de los “Sanedrines” modificar el sistema de control con objeto de que sea eficaz y que todos los actos económicos de los políticos, jueces y empleados públicos (viajes incluidos) sean accesibles por vía informática a todos los ciudadanos y que se conozcan los informes del Tribunal de Cuentas, que debe estar formado por profesionales experimentados de la auditoria sin relación con los partidos políticos, para creer en su independencia.

Todo lo demás son palabras sin vocales, que por desgracia es lo que ahora se lleva.

 

 

 


José Manuel Adán

Economista e Inspector de Finanzas del Estado

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